El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que ya se registraron más de 400 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia de Santa Fe, en un contexto que se intensificó tras el homicidio del adolescente de 13 años Ian Cabrera ocurrido el 30 de marzo en una institución educativa de San Cristóbal.
Según el organismo, al 21 de abril se contabilizaban unas 404 denuncias vinculadas a intimidaciones en establecimientos escolares, que incluyeron la aparición de carteles, pintadas y mensajes en redes sociales con advertencias de ataques, en algunos casos acompañados por armas reales, réplicas o material balístico. Estos hechos son investigados como delitos por fiscales de las distintas regionales del MPA.
El detalle oficial indica que la mayor cantidad de denuncias se concentra en la Fiscalía Regional Nº 2, con 238 casos, seguida por la Regional Nº 1 con 75, la Nº 3 con 33, la Nº 5 con 35 y la Nº 4 con 23. En paralelo, las investigaciones derivaron en 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia.
Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron alrededor de 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones de distintos calibres. Además, el MPA informó que fueron identificadas al menos 73 personas como presuntas responsables de las amenazas, de las cuales aproximadamente el 95% son menores de edad.
Frente a este escenario, la Fiscalía General remarcó la gravedad de los hechos y advirtió sobre la responsabilidad de los adultos en el resguardo de armas y materiales peligrosos. En ese sentido, instó a padres, familiares y convivientes a extremar las medidas de seguridad, garantizando que estos elementos permanezcan bajo llave y fuera del alcance de niños y adolescentes.
El lado judicial. El comunicado del MPA se da en simultáneo con una alerta preventiva emitida por el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, que busca frenar la proliferación de amenazas en escuelas. Desde la cartera educativa subrayaron que estas conductas no pueden interpretarse como bromas, sino como delitos graves que afectan el derecho a la educación y alteran la convivencia social.
En esa línea, se pidió a directivos, docentes y centros de estudiantes trabajar la problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. También se convocó a las familias a reforzar el diálogo en los hogares y a tomar dimensión de las consecuencias legales de este tipo de acciones.
Desde Provincia recordaron que las amenazas a instituciones educativas encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión. Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables, incluso cuando se trate de menores, a través del fuero penal juvenil.
Las investigaciones, señalaron, se apoyan en herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite una rápida identificación de los autores y la posterior intervención judicial.
Otro de los puntos destacados por el gobierno provincial es el impacto económico que generan estos episodios. Cada amenaza activa operativos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, servicios de emergencia y dispositivos de control, además de la suspensión de actividades escolares.
En este marco, la Provincia recordó que los padres o responsables legales pueden ser obligados a responder económicamente por los daños ocasionados por sus hijos menores, incluyendo el reintegro de los costos operativos derivados de estos procedimientos.
Finalmente, las autoridades advirtieron sobre el efecto contagio que pueden tener estas prácticas en redes sociales, donde muchas veces se banalizan sus consecuencias. “Lo que comienza como un desafío viral puede derivar en un proceso penal”, remarcaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de una intervención conjunta entre Estado, escuelas y familias para desactivar este tipo de conductas.
