El Gobierno de Santa Fe avanzó en una nueva estrategia para desalentar las falsas amenazas en escuelas: comenzará a reclamar a los padres el costo de los operativos desplegados ante cada intimidación. La medida se formalizó a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar los gastos ocasionados al Estado.
La disposición ordena a la Subsecretaría Legal y Técnica actuar de manera inmediata, en coordinación con Fiscalía de Estado, para avanzar en el recupero y resarcimiento de los recursos utilizados en cada procedimiento. Según precisaron fuentes oficiales, los operativos tienen un costo base estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque ese monto puede incrementarse según la magnitud del despliegue.
Las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya permitieron identificar a varios responsables en distintos puntos de la provincia. En todos los casos se trata de menores de edad, por lo que el reclamo económico será dirigido a sus adultos responsables, conforme al protocolo vigente.
Los números reflejan la magnitud del fenómeno: entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares. De ese total, 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, mientras que las restantes 10 se produjeron el día 21.
El procedimiento de recupero se activa una vez que se logra identificar a los autores. A partir de allí, se inicia un proceso administrativo que incluye el relevamiento y la cuantificación de los costos, así como la conformación de un expediente individual por cada caso. Luego, se emite una intimación formal de pago a los padres, quienes cuentan con un plazo determinado para cumplir.
Si no hay respuesta, el caso pasa a Fiscalía de Estado, que puede impulsar acciones judiciales para reclamar el monto correspondiente, con intereses, costas y gastos adicionales.
Desde la Provincia subrayaron que estas situaciones no deben ser interpretadas como “bromas”, sino como hechos que generan un impacto directo en el sistema de seguridad. “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención”, indicaron. En ese sentido, aclararon que el cobro no constituye una sanción penal adicional, sino un resarcimiento civil por el uso indebido de recursos públicos.
Las autoridades también recordaron que las amenazas en escuelas están tipificadas en el Código Penal y pueden derivar en causas judiciales. En paralelo, insistieron en la necesidad de un mayor acompañamiento familiar para prevenir este tipo de conductas y evitar consecuencias legales y económicas.
