En el marco de la escalada de amenazas en establecimientos educativos de Santa Fe, el gobierno provincial comenzó a aplicar el cobro de los costos de los operativos de seguridad a los responsables, en el marco del protocolo vigente. La medida, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, prevé que los adultos responsables respondan económicamente en los casos en que los autores sean menores de edad.
Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hasta el 21 de abril se registraron unas 404 denuncias por intimidaciones en escuelas en toda la provincia. En ese contexto, ya fueron identificadas al menos 73 personas como presuntas responsables, de las cuales alrededor del 95% son menores.
La vocera y secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que la decisión apunta a desalentar este tipo de hechos y a recuperar los recursos desplegados en cada intervención. “No es una broma, es un delito. Por eso se efectiviza el cobro de los operativos ante cada amenaza, que pueden tener un costo de entre 5 y 6 millones de pesos según su magnitud”, sostuvo.
En la misma línea, remarcó que las investigaciones continúan en curso y que, dado que la mayoría de los implicados son menores, serán sus familias quienes deberán afrontar las consecuencias económicas. “Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, agregó.
El fenómeno se intensificó tras el homicidio del adolescente Ian Cabrera, de 13 años, perpetrado el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, en la que un menor utilizó una escopeta para concretar su ataque. Desde entonces, se multiplicaron los episodios de amenazas que incluyeron carteles, pintadas y mensajes en redes sociales que advertían sobre supuestos tiroteos, en algunos casos acompañados por armas reales, réplicas o material balístico.
De acuerdo al detalle del MPA, la mayor cantidad de denuncias se concentra en la Fiscalía Regional Nº 2, con 238 casos, seguida por la Regional Nº 1 con 75, la Nº 3 con 33, la Nº 5 con 35 y la Nº 4 con 23. En paralelo, las investigaciones derivaron en 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos del territorio santafesino.
Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones de distintos calibres. Las autoridades judiciales remarcaron la gravedad de los hechos y advirtieron sobre la responsabilidad de los adultos en el resguardo de armas y materiales peligrosos.
En ese sentido, desde el MPA instaron a padres, familiares y convivientes a extremar los cuidados, garantizando que estos elementos permanezcan bajo condiciones seguras y fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes.
