El gobierno santafesino avanzó con el envío de 39 notificaciones a personas identificadas como responsables de amenazas en escuelas del centro-norte provincial, con el objetivo de recuperar cerca de 200 millones de pesos destinados a operativos policiales y de emergencia. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, se enmarca en una estrategia paralela a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya logró identificar a 73 presuntos autores.
Según detallaron fuentes oficiales, las intimaciones forman parte de una acción administrativa y patrimonial que busca trasladar a los responsables —o a sus padres, en caso de ser menores— el costo de los despliegues realizados ante cada amenaza. La iniciativa fue instruida por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, en un contexto de reiteración de hechos que generaron fuerte impacto en la comunidad educativa.
La subsecretaria de Legal y Técnica de la cartera, Blanca Diakaki, explicó que las notificaciones ya enviadas corresponden a 32 casos detectados en el centro-norte de la provincia. “Se trata de intimaciones para perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de los operativos desplegados ante amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”, señaló.
En cuanto a los montos, la funcionaria precisó que varían según la magnitud de cada intervención: parten de una base estimada de entre 5 y 6 millones de pesos, pero pueden superar los 11 millones cuando la extensión territorial o la cantidad de recursos involucrados es mayor. “El objetivo es recuperar cada peso invertido en seguridad”, subrayó.
Desde la Provincia aclararon que esta vía administrativa es independiente de las causas penales en curso. Mientras el MPA avanza en la identificación y eventual imputación de los responsables, la Provincia impulsa en paralelo el recupero de los recursos públicos afectados. En ese sentido, Diakaki remarcó que el procedimiento incluye la identificación de los adultos responsables, más allá de la edad de quienes realizaron las amenazas.
El informe más reciente del MPA elevó a 73 el número de personas identificadas en el marco de estas investigaciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo indicaron que aún resta incorporar información de otras regiones judiciales, lo que podría ampliar el universo de casos alcanzados por las intimaciones.
Finalmente, las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre los organismos provinciales para abordar una problemática que obligó a desplegar importantes operativos de seguridad, con suspensión de clases, evacuaciones y movilización de fuerzas policiales. “Como Estado debemos garantizar la seguridad, pero también proteger los recursos públicos de todos los santafesinos”, concluyó la funcionaria.
