Se efectuaron 47 allanamientos por las balaceras y amenazas en Rosario. El fiscal Franco Carbone aseguró que una de las principales hipótesis es que los ataques “provienen desde la cárcel en respuesta a una primera acción que efectuó el gobierno provincial” con la intervención en Piñero. “Como ya lo dijo el ministro (Pablo) Cococcioni, no nos vamos a apartar ni un centímetro de lo planificado”, agregó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.
El gobierno santafesino, a través de la Policía de Investigaciones (PDI), desarrolló esta mañana 47 allanamientos por orden de la Fiscalía de Balaceras de Rosario en los que se secuestraron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, armas de fuego y cuantiosos elementos electrónicos. Al respecto, el fiscal Franco Carbone indicó que una de las principales hipótesis es que los ataques en la sucursal del Banco Macro y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) “provienen desde la cárcel en respuesta a una primera acción que efectuó el Gobierno con la intervención en Piñero”.
Las agresiones se produjeron luego de que el gobierno de Pullaro comenzara a ajustar los controles sobre los presos de alto perfil, tal como lo dijera en campaña. “Luego del ataque armado en el banco comenzamos con las investigaciones en conjunto con los doctores Pablo Socca y Federico Rébola. Comenzó con requisas y un reacomodamiento de distintos presos de alto perfil en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. A partir de ahí se produjo el primer ataque a lo que posteriormente ordenamos requisas en los pabellones 6, 7, 8 y 9 de la misma cárcel. A continuación, se dio el otro ataque al Heca. Y tras requisar por tercera vez algunos pabellones, encontramos y una suerte de búnker en una de las celdas donde había más de cincuenta envoltorios con marihuana prensada ya lista para la venta al menudeo”, explicó Carbone.
Sobre los presos considerados de alto perfil, Carbone advirtió que son personas con condena firme, con 10, 20 y hasta 30 años de prisión e incluso algunos con prisión perpetua.
En consonancia con lo manifestado por el fiscal, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, expresó: “Estamos ante reacciones que sabíamos que iban a ocurrir aunque desconocíamos cuáles iban a ser, pero como ya lo dijo el ministro (Pablo) Cococcioni, no nos vamos a apartar ni un milímetro, de lo que ya está planificado y proyectado”. Asimismo, Pereira agregó que de encontrar algún tipo de irregularidad entre el personal del Servicio Penitenciario, “se iniciarán los sumarios administrativos internos con intervención de la justicia”.
