La Justicia ordenó la clausura definitiva de un predio utilizado ilegalmente como basural a cielo abierto en la ciudad de Funes, en el marco de una investigación impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La resolución puso fin a una actividad que llevaba años desarrollándose sin autorización y que había sido advertida en reiteradas oportunidades por las autoridades ambientales.
La investigación se originó a partir de inspecciones realizadas por equipos técnicos de la cartera ambiental, que desde 2019 detectaron la disposición irregular de distintos tipos de residuos, el ingreso de camiones volcadores pertenecientes tanto a la Municipalidad de Funes como a operadores privados, la quema clandestina de desechos y el movimiento de maquinaria vinculada con actividades no autorizadas. A pesar de las sucesivas intimaciones para cesar la actividad, las irregularidades continuaron.
Frente a esos incumplimientos, el Ministerio de Ambiente provincial presentó en marzo de este año una denuncia penal que dio inicio a una investigación judicial. Como parte de las actuaciones se realizaron allanamientos con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA. A partir de esos procedimientos, dos hombres vinculados con la administración del predio fueron imputados por su presunta responsabilidad en el funcionamiento del basural clandestino.
Durante los operativos, la Justicia comprobó la presencia de distintos tipos de residuos acumulados sin ningún tipo de autorización ni tratamiento adecuado, situación que motivó una primera clausura preventiva del lugar. Posteriormente, en una audiencia de cese del estado antijurídico realizada a fines de junio, el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 dispuso la clausura definitiva del predio, ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 34-S.
La resolución judicial también ordenó la intervención de los cuerpos de bomberos de Rosario y/o Funes para extinguir de manera definitiva los focos ígneos que permanecían activos en el lugar y dispuso que la Municipalidad de Funes bloquee los dos accesos al predio para impedir que continúe el ingreso de residuos.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, recordó que el terreno nunca contó con autorización para recibir residuos y remarcó que el destino declarado del inmueble era el uso y disfrute de la comunidad. “Desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar, ni se recibieron trámites para habilitar esa actividad, por lo que el uso actual del predio resulta incompatible con la finalidad declarada”, sostuvo.
El funcionario también destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación, al señalar que la articulación entre ambos organismos permitió fortalecer los mecanismos de control ambiental y avanzar sobre una problemática que genera consecuencias tanto para el ambiente como para la salud pública. En ese sentido, indicó que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de fiscalización y protección de los recursos naturales, basada en la aplicación de la legislación vigente y en la coordinación entre los distintos organismos del Estado.
Desde el Ministerio de Ambiente recordaron además que la disposición clandestina de residuos sólidos urbanos, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos constituye una infracción prevista por la normativa nacional y provincial. En esos casos, la legislación establece la aplicación de sanciones administrativas y la obligación de poner los hechos en conocimiento de la Justicia cuando existan elementos que puedan configurar la comisión de delitos ambientales.
