Santa Fe presentó un proyecto de Presupuesto 2027 con gastos por $18,87 billones y un resultado financiero positivo de $919 millones. El gobierno de Maximiliano Pullaro ratificó el equilibrio fiscal como eje de administración y anunció partidas para seguridad, educación, salud y obras públicas. La propuesta, sin embargo, plantea un margen financiero estrecho y su cumplimiento dependerá de la evolución de la recaudación, los precios y las necesidades de gasto durante el próximo año.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, encabezó la presentación y defendió una gestión basada en la austeridad y la eficiencia. “Procuramos hacer más con los mismos recursos”, sostuvo. El cálculo oficial contempla ingresos por $18,88 billones, un crecimiento económico del 4%, una inflación promedio anual del 21,1% y una variación de precios del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. También prevé un dólar a $1847,60 para el cierre del ejercicio.
El escenario de ingresos es uno de los puntos que condicionan esas proyecciones. En una entrevista posterior, Olivares reconoció que la recaudación provincial continúa por debajo de los niveles de 2023 en términos reales: explicó que, por cada 100 pesos que ingresaban entonces, en 2026 se recaudan 85, descontada la inflación. El ministro anticipó que el próximo año también será desafiante para las finanzas provinciales.
Entre las asignaciones anunciadas figuran $3,98 billones para educación, cultura y deporte; $2,34 billones para seguridad; $1,80 billones para salud; $1,92 billones para infraestructura productiva y $2,13 billones para obras públicas. Los montos expresan las prioridades declaradas por el Ejecutivo, aunque la presentación no incluye una comparación homogénea con el gasto ejecutado o previsto para el cierre de 2026. Sin ese contraste, no es posible establecer si cada área gana o pierde capacidad de gasto frente a la inflación.
El esquema contempla un ahorro corriente de $2,27 billones, que permitiría financiar el 93% de los gastos de capital, estimados en $2,45 billones. Ese ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes y se utilizará principalmente para inversiones: no debe confundirse con el superávit financiero de $919 millones anunciado para el conjunto del presupuesto. Este último representa alrededor del 0,005% del gasto total, por lo que una desviación relativamente pequeña de las previsiones podría modificar el resultado.
Otra de las novedades es la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Ejecutivo propone destinar la totalidad de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural a infraestructura utilizada por el sector agropecuario, con participación de sus actores en el monitoreo. Para evaluar el alcance de la medida será necesario conocer cuánto dinero reunirá, cómo se distribuirá territorialmente y qué mecanismos definirán y controlarán las obras.
La presentación tampoco precisó la pauta salarial incorporada al cálculo ni detalló cómo se atenderían eventuales necesidades de recomposición de los trabajadores públicos. Es una información relevante para evaluar la consistencia del ahorro proyectado y el financiamiento de servicios como educación, salud y seguridad. La ausencia de ese detalle en el anuncio no permite concluir que exista un recorte, pero deja pendiente una parte central del análisis.
En paralelo, el Gobierno trabaja en la Ley Tributaria 2027. Olivares adelantó que no prevé modificar alícuotas, aunque eso no implica que los importes de los impuestos provinciales permanezcan sin cambios: todavía deben conocerse las actualizaciones y demás disposiciones del proyecto. Esa definición completará el panorama sobre los recursos con los que la Provincia espera sostener sus gastos.
En materia de deuda, el ministro informó que desde diciembre de 2023 hasta este viernes se cancelaron $338.844 millones y que el monto acumulado llegará a $568.370 millones al finalizar 2027. También señaló que se utilizó el 37% del endeudamiento autorizado. Esos datos describen los pagos y el uso de las autorizaciones, aunque para una evaluación integral resta considerar el stock de deuda, los vencimientos futuros y su composición por moneda.
El proyecto ingresará a la Legislatura por el Senado. Allí deberán discutirse las previsiones de ingresos, la distribución de las partidas y las condiciones para sostener las inversiones anunciadas. El desafío será determinar cómo se compatibiliza el equilibrio fiscal con las demandas salariales, el funcionamiento de los servicios públicos y la ejecución efectiva de las obras.
