Dos inmuebles de barrio Industrial vinculados a una organización investigada por venta de drogas, homicidios y otros hechos de violencia fueron intervenidos este jueves en Rosario. Uno de los puntos, ubicado en Felipe Moré y Lucio V. López, fue derribado, mientras que el segundo, en Felipe Moré 609 bis, quedó inactivado. Con estos procedimientos, las intervenciones sobre búnkeres y otros espacios asociados al delito llegaron a 90 en la ciudad y a 149 en toda la provincia.
Los operativos fueron supervisados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se realizaron en el límite con Empalme Graneros y Ludueña, en el marco de una investigación que tiene a 18 personas imputadas y que, según la Fiscalía, involucra a una estructura delictiva vinculada a Francisco Riquelme.
La fiscal Mercedes Banchio explicó que la pesquisa comenzó a fines de 2025 y que en uno de los domicilios se encontraron estupefacientes y armas de fuego. Las imputaciones incluyen asociación ilícita y comercio organizado de drogas, además de otros delitos. También se investigan homicidios relacionados con la actividad de la organización.
Su colega Marina Vigo precisó que varios asesinatos y una tentativa de homicidio dieron origen a las actuaciones. A esos hechos se sumaron amenazas y usurpaciones de viviendas que, de acuerdo con la investigación, eran utilizadas para comercializar estupefacientes. “A raíz de todos estos delitos, se logró iniciar una investigación por asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes”, señaló Vigo.
Una organización que recibía indicaciones desde la cárcel. El fiscal Diego Giro describió la zona como un territorio históricamente disputado entre bandas y sostuvo que la organización continuó operando después de la detención y condena a prisión perpetua de Francisco Riquelme. Según explicó, la estructura se reconfiguró con la participación de su hijo.
Giro también señaló que entre los imputados hay un abogado al que se le atribuye haber facilitado la transmisión de instrucciones desde la cárcel hacia quienes actuaban en el barrio. De acuerdo con el fiscal, tanto el profesional como las demás personas imputadas se encuentran en prisión preventiva. El funcionario destacó la participación de fuerzas provinciales y federales en una pesquisa que calificó como extensa y que permitió volver a intervenir sobre la organización.
Las intervenciones bajo la Ley de Microtráfico. Los procedimientos se encuadran en la Ley de Microtráfico, aplicada en la provincia desde principios de 2024. La normativa contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados con hechos de violencia altamente lesiva, mediante un trabajo coordinado entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad.
El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, sostuvo que estos lugares están asociados a homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones. También señaló que existen otras investigaciones en curso y que los allanamientos podrían derivar en nuevas intervenciones. “El problema no termina acá”, afirmó el funcionario al referirse a la continuidad de las actuaciones en los barrios.
