Un inmueble señalado como punto de venta de drogas fue derribado este viernes en Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario. El operativo se concretó en Spiro 314 bis y se convirtió, según informó el gobierno santafesino, en la intervención número 80 realizada en la ciudad desde el comienzo de la actual gestión provincial.
El procedimiento fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con esta medida, la Provincia contabiliza 136 puestos de comercialización de estupefacientes inactivados en distintos puntos de Santa Fe desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico. La normativa fue sancionada a fines de 2023 y comenzó a aplicarse en los primeros meses de 2024. Permite que la Justicia provincial investigue delitos vinculados con la venta minorista de drogas e intervenga sobre inmuebles utilizados para esa actividad.
El fiscal Diego Giro explicó que el derribo realizado en Villa Manuelita forma parte de una investigación que comenzó hace más de un año y que ya derivó en detenciones y secuestros de estupefacientes. También indicó que es la tercera intervención de estas características concretada en ese sector. Según el fiscal, la organización investigada reponía los lugares de venta cada vez que uno era desarticulado. “Cuando se derribaba un punto de venta, se regeneraban otros”, señaló Giro, quien vinculó el funcionamiento de esos puestos con distintos episodios de violencia registrados en la zona.
El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, sostuvo que estos inmuebles no solamente se utilizaban para comercializar drogas, sino que también se convertían en focos de conflictos armados. “Son centros de violencia que generan problemas graves, con vecinos que vieron su vida trastocada por balaceras y muertes”, afirmó.
En esa línea, Giro destacó que buena parte de las investigaciones por microtráfico comienza con información aportada por vecinos a través del 911. Aclaró que las comunicaciones pueden realizarse de manera anónima y sin brindar datos personales. Las intervenciones sobre los inmuebles son coordinadas entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. Cada procedimiento requiere una investigación previa y una orden judicial que autorice la inactivación del lugar.
