En un contexto de creciente preocupación por el avance del juego online ilegal y los riesgos asociados al uso no supervisado de la tecnología, el Gobierno de Santa Fe presentó una aplicación destinada a fortalecer el control parental sobre los dispositivos digitales de niños, niñas y adolescentes. La herramienta, denominada StopApuestas, apunta a limitar el acceso a plataformas de apuestas, contenidos violentos y entornos digitales inseguros mediante un sistema de navegación controlada.
El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien planteó la necesidad de que el Estado acompañe activamente a las familias en un escenario donde gran parte de la socialización de los menores ocurre en el ámbito virtual. “Hoy el barrio digital es el espacio donde nuestros hijos se vinculan, interactúan y construyen relaciones. Tenemos que estar presentes también ahí”, sostuvo durante la presentación.
La iniciativa surge, según explicó el mandatario, a partir del crecimiento sostenido de las apuestas online entre adolescentes y de distintos episodios recientes que expusieron los riesgos del uso sin supervisión de dispositivos móviles. En ese marco, remarcó que la herramienta busca pasar de un esquema reactivo —centrado en bloquear contenidos peligrosos— a un modelo preventivo, donde el entorno digital se construye desde el inicio bajo criterios de seguridad.
Disponible para sistemas Android e iOS, StopApuestas funciona a través de dos aplicaciones complementarias. Por un lado, los adultos acceden a una interfaz desde la que pueden crear perfiles, definir permisos y administrar el uso del dispositivo. Por otro, los menores utilizan una versión que transforma el celular o la tablet en un espacio controlado, donde se restringe la navegación libre y se centraliza el acceso a contenidos autorizados.
El desarrollo fue impulsado en conjunto por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo del organismo, Daniel Di Lena, advirtió sobre la dimensión del fenómeno de las apuestas ilegales en edades tempranas. Citó estadísticas internacionales que indican que uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años participó alguna vez en juegos de azar online, y señaló que investigaciones judiciales recientes detectaron decenas de miles de menores operando en plataformas clandestinas en pocos meses.
A su turno, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que el objetivo central es “cuidar a los chicos en el barrio digital”, un ámbito que muchas veces se desarrolla sin la mirada adulta. Desde el Ministerio de Educación, la secretaria general María Martín enmarcó la herramienta dentro de una estrategia integral de alfabetización digital, orientada a promover un uso responsable, crítico y seguro de la tecnología.
Navegación controlada y lógica de “lista blanca”
El corazón del sistema es un modelo de “lista blanca”, que invierte la lógica tradicional de los controles parentales. En lugar de bloquear miles de sitios potencialmente peligrosos, la aplicación permite el acceso únicamente a páginas web y aplicaciones previamente autorizadas por los adultos responsables.
La plataforma incluye una base inicial definida por el Estado provincial, compuesta por más de 400 sitios web y 200 aplicaciones consideradas seguras. A partir de allí, cada familia puede personalizar los permisos según sus criterios y necesidades. Además, cuando el menor intenta ingresar a un contenido no habilitado, el sistema genera una solicitud que el adulto puede aprobar o rechazar en tiempo real.
Este mecanismo no solo busca restringir accesos, sino también promover instancias de diálogo y acompañamiento en el uso cotidiano de la tecnología. En esa línea, la herramienta se presenta como una alternativa que combina control, prevención y educación digital.
Más allá del foco en el juego online ilegal, StopApuestas también apunta a bloquear entornos que incentiven conductas violentas o expongan a los menores a situaciones de riesgo. De este modo, la iniciativa se inscribe dentro de una política pública más amplia, que busca intervenir en el ecosistema digital desde una perspectiva de cuidado activo y protección de las infancias.
