A casi dos semanas del ataque armado que conmocionó a la ciudad de San Cristóbal, la Justicia avanzó con la imputación del segundo adolescente involucrado en el hecho ocurrido en la escuela Nº 40 Mariano Moreno, donde un estudiante de 13 años fue asesinado y otros resultaron heridos. La audiencia se realizó este jueves por la mañana en los tribunales locales y estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación.
El joven fue imputado como partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, en relación al ataque perpetrado el pasado 30 de marzo. La atribución fue realizada por la fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Carina Gerbaldo, junto al fiscal Mauricio Spinosa, quienes expusieron que el adolescente colaboró con el autor de los disparos y tenía conocimiento previo de sus intenciones.
Según la acusación, si bien su intervención no fue determinante para la ejecución del hecho, existen elementos que indican que acompañó y validó el accionar del agresor, aportando asistencia en la previa. En ese marco, el tribunal hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso como medida cautelar su alojamiento en un instituto de puertas cerradas por el plazo de 90 días, con el objetivo de preservar la investigación en su etapa inicial y resguardar a las víctimas.
La audiencia contó con la presencia de familiares de los estudiantes afectados por el ataque, que dejó una profunda conmoción en la comunidad educativa. En paralelo, la escuela Mariano Moreno continúa sin retomar la actividad normal: en los últimos días, los alumnos comenzaron a regresar de manera progresiva, acompañados por sus padres y con custodia policial, únicamente para retirar sus pertenencias que habían quedado en el establecimiento al momento del hecho.
Mientras avanza la causa judicial, desde el gobierno provincial y nacional advirtieron sobre un trasfondo más amplio del caso. La ministra de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva afirmó que el ataque no responde a un hecho aislado y advirtió sobre la existencia de subculturas digitales violentas que promueven la fascinación por los tiroteos y delitos extremos. En la misma línea, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que el agresor tenía vínculos con comunidades virtuales de alcance internacional, lo que —según indicó— ubica el problema en una dimensión transnacional que excede lo local.
Las autoridades remarcaron que la investigación permitió descartar hipótesis iniciales como un brote psicótico o situaciones de bullying, y señalaron la necesidad de abordar este tipo de fenómenos de manera integral, con la participación del Estado, las familias, las escuelas y los medios de comunicación.
