Familiares de personas fallecidas por el uso de fentanilo contaminado en Rosario anunciaron que la próxima semana asistirán a la Cámara de Diputados de Santa Fe para reclamar una reforma legal que prevenga nuevos episodios de adulteración de medicamentos y garantice protocolos claros de actuación. El encuentro tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre a las 11, en el marco de la comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
La convocatoria se da en paralelo al trámite de la causa penal que investiga la distribución del analgésico adulterado producido por el laboratorio HLB Pharma, hecho que provocó 124 muertes en Argentina, 49 de ellas en Rosario. Los familiares, que ya mantuvieron reuniones con legisladores nacionales y concejales rosarinos, buscan ahora que la Legislatura provincial avance en dispositivos normativos que permitan mejorar los controles y asegurar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
En un comunicado difundido este viernes, las familias señalaron que el objetivo es “establecer un marco legal y protocolos de actuación que eviten que una tragedia así vuelva a ocurrir”. También enumeraron reclamos vinculados a la falta de asistencia recibida durante la emergencia, denunciando un “incumplimiento total” de la Ley Nacional 27.372 de Derechos de Víctimas.
A seis meses del inicio de la investigación judicial, los allegados remarcaron la necesidad de un acompañamiento integral, sobre todo en materia de salud mental y asesoramiento legal. “Lo ocurrido no fue un hecho aislado, fue una masacre evitable”, indicaron, y apuntaron a que la contención brindada por organismos estatales sigue siendo insuficiente.
Mientras tanto, el expediente en el Juzgado Federal de La Plata continúa avanzando. Según las últimas actuaciones, más de 90.000 ampollas de fentanilo adulterado fueron distribuidas en 51 centros de salud públicos y privados de cinco provincias. El juez Ernesto Kreplak ya ordenó la prisión preventiva del titular del laboratorio, Ariel García Furfaro, dos integrantes de su familia y varios directivos y empleados vinculados a la maniobra. En total, son 14 los procesados con distintas medidas cautelares e inhibiciones de bienes.
La provincia de Santa Fe reúne el número más alto de víctimas registradas en el país, con 59 fallecimientos vinculados a la adulteración, la mayoría de ellos en Rosario. Las familias insisten en que el Estado debe actuar para evitar nuevas fallas en los controles y garantizar el acceso a la información durante todo el proceso judicial.
