El Monumento a la Bandera se convirtió este jueves en el epicentro de un reclamo que atraviesa al país: la marcha federal de familiares de víctimas fatales por el fentanilo contaminado. Frente al mástil mayor, los asistentes encendieron 124 velas blancas, una por cada persona que perdió la vida tras recibir el medicamento adulterado. Fue un acto silencioso, cargado de tristeza y de indignación.
Rosario concentra la mayor cantidad de casos y de hospitales afectados del país. Solo en la ciudad se estiman más de 30 muertes confirmadas, aunque los familiares advierten que podrían ser más de 50. En todo el país, la cifra asciende a 124, pero sigue creciendo a medida que avanza la investigación judicial.
El encuentro, convocado “sin banderas políticas, en paz y por justicia”, reunió a familiares de víctimas de Rosario, Buenos Aires, La Plata y Córdoba. En cada rostro se repetían las mismas emociones: tristeza, desamparo y bronca. “No fue un accidente, fue homicidio”, repetían con fuerza, reclamando que el caso deje de tratarse como una fatalidad sanitaria y se reconozca la cadena de responsabilidades detrás de la tragedia.
Reclamo y responsabilidad
Los familiares exigieron al Estado, a los sanatorios y a los laboratorios involucrados que reconozcan su parte en el desastre. Denunciaron que la cantidad de fentanilo distribuido no coincide con el número oficial de víctimas y pidieron la elaboración de un registro real de fallecidos. “Nuestros hijos, padres o hermanos no eligieron morir —expresaron—, fueron víctimas de la negligencia y la corrupción de los de arriba”.
La marcha también fue un llamado a las autoridades nacionales y provinciales para reforzar los controles sanitarios y garantizar la trazabilidad de los medicamentos. Los manifestantes sostuvieron que el caso “expone el colapso del sistema de control” y la complicidad de sectores políticos y empresariales.
La causa y el avance judicial
Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia y en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se conformó una comisión investigadora presidida por la legisladora rosarina Mónica Fein. El objetivo: determinar cómo llegó el opioide letal a hospitales y sanatorios, y quiénes permitieron su circulación.
En paralelo, las familias reclaman que los efectores de salud que recibieron dosis del lote contaminado entreguen los informes pendientes para poder completar el listado de víctimas. “Queremos justicia y verdad —dijeron—. No buscamos venganza: queremos que nadie más muera por lo mismo.”
El cierre fue con flores y silencio. Ciento veinticuatro velas y otras tantas rosas blancas quedaron encendidas frente al río, como símbolo de duelo y memoria colectiva en una tragedia que marcó a Rosario y a todo país.
