La investigación por el crimen de Natalia Giménez, asesinada a puñaladas el 26 de septiembre en su casa de barrio Tablada, avanzó con la imputación de su primo y ex pareja como presunto autor material. En paralelo, la Fiscalía busca determinar si el ataque tuvo alguna conexión con una deuda por un préstamo usurario que había tomado la víctima y por la que recibió reclamos días antes de su asesinato.
La fiscal Paula Barros explicó este lunes que la acusación contra Paulo Álvarez se apoya en la reconstrucción de sus movimientos mediante cámaras de seguridad del sistema Lince. Según detalló, los registros lo ubicaron a primera hora de la mañana del sábado en la vivienda de Giménez, en Abanderado Grandoli al 3800, adonde llegó en bicicleta.
De acuerdo con esa reconstrucción, Álvarez llevaba una campera, una mochila y un casco que se colocó antes de entrar. Permaneció alrededor de diez minutos dentro de la casa y salió con el casco puesto, sin la campera y con la mochila. Luego volvió a tomar la bicicleta y regresó a su domicilio de Villa Gobernador Gálvez, donde fue detenido dos semanas después, en el marco de una serie de allanamientos.
Barros también confirmó que el acusado y la víctima, además de ser primos, habían mantenido una relación sentimental. El vínculo, conocido por los hijos de Giménez, había terminado unos dos meses antes del homicidio. Desde el hallazgo del cuerpo, la investigación se desarrolló bajo el protocolo de femicidio.
Los reclamos por un préstamo. La otra línea de investigación surgió de las declaraciones de los hijos y otros familiares de Natalia, quienes señalaron que había recibido reclamos de pago durante la semana previa al crimen. Esos testimonios llevaron a los investigadores a examinar un préstamo que la mujer había tomado meses antes con Germán “Pelado” Carrizo, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 6.
Según la causa, Giménez había recibido $400.000 y debía devolver $800.000, pero los intereses aplicados elevaron la suma exigida a casi tres millones de pesos. Los reclamos se concentraron entre el 20 y el 24 de septiembre, pocos días antes del asesinato. En el marco de la investigación, la Fiscalía encontró el nombre de la víctima en una lista de 54 personas que tenía Carrizo dentro de la cárcel. Las anotaciones incluían números de teléfono, el capital prestado y los montos reclamados para cancelar cada deuda.
Los investigadores sostienen que Carrizo prestaba dinero de manera habitual con la colaboración de su pareja, Stella Maris P., de 36 años, quien se encargaba de contactar a los deudores. De acuerdo con lo informado por Barros, ambos utilizaban distintas líneas telefónicas para realizar los reclamos. La pareja fue imputada el viernes pasado, en el marco de la misma investigación en la que se acusó a Álvarez.
Por el momento, la proximidad entre las exigencias de pago y el crimen es una circunstancia bajo análisis. La Fiscalía aclaró que todavía no cuenta con evidencia suficiente para sostener que Álvarez haya actuado por orden del prestamista, por lo que la posible conexión entre ambas líneas continúa abierta.
