El gobierno provincial anunció que finalizó el retiro de vehículos en desuso o involucrados en causas judiciales que ocupaban espacio en 23 comisarías de Rosario. El operativo, parte del plan integral de ordenamiento de la seguridad, liberó un total de 3.000 autos y motos, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo policial.
El operativo más reciente se realizó este lunes en las comisarías 17°, 19°, 30° y en la Subcomisaría 27°, con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
“Con esto terminamos de intervenir 23 dependencias de Rosario. Pudimos sacar 3.000 vehículos que representaban una carga para la policía, que en lugar de patrullar debía custodiar autos y motos”, explicó Figueroa Escauriza. También destacó que los fondos para llevar adelante estos operativos provinieron de las subastas públicas de bienes decomisados: “Con lo que le quitamos a los delincuentes, estamos reordenando Rosario”.
Desde ahora, todo vehículo secuestrado será trasladado directamente a los depósitos judiciales ubicados en calle Francia, sin pasar por las comisarías. “Esto no es un parche, es una solución definitiva”, aseguró el funcionario.
A su turno, Omar Pereira remarcó que esta acción “forma parte del Plan Integral de Seguridad” y se complementa con el traslado progresivo de detenidos fuera de las comisarías, gracias a la habilitación de nuevos espacios penitenciarios. “La policía tiene que estar en la calle, no custodiando bienes incautados o personas detenidas. Estas medidas mejoran directamente la capacidad operativa”, afirmó.
El rol de la Aprad
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) se encarga de clasificar los vehículos según su estado y vínculo con causas judiciales. Los rodados que no pueden reutilizarse ni subastarse son enviados a compactación mediante un proceso licitatorio. Además de liberar espacio en dependencias policiales, la Provincia busca recuperar el valor económico de los bienes incautados para reinvertirlo en mejoras del sistema de seguridad.
