Un nuevo búnker de drogas fue derribado este lunes en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. La construcción, ubicada en calle 409 al 3600, había sido allanada a principios de mayo, cuando la Prefectura Naval detuvo a cuatro personas y secuestró más de 250 dosis de cocaína listas para la venta. La medida judicial se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico, que permite a la Justicia provincial intervenir en causas de narcomenudeo.
Con este operativo, ya son 62 los búnkeres demolidos en la provincia de Santa Fe desde que la ley entró en vigencia a comienzos de este año. El objetivo: cortar con el narcomenudeo en los barrios, donde la venta de droga suele ir de la mano con la violencia.
El procedimiento fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Ocariz, que lleva adelante la causa. “El microtráfico es el eslabón más cercano a la violencia cotidiana que viven los vecinos. Este tipo de puntos de venta degradan los barrios y muchas veces arrastran a chicos muy jóvenes al circuito del delito”, señaló Pereira durante el operativo.
El operativo y la causa
El derribo fue ordenado por la Justicia luego de un operativo realizado el 2 de mayo, que incluyó un fuerte despliegue de la Prefectura. En ese procedimiento, cuatro personas fueron detenidas con prisión preventiva. Además de los envoltorios de cocaína, los agentes secuestraron dos armas de fuego —una pistola 9 milímetros y una “tumbera”—, un machete y otros elementos vinculados a la causa.
Según relató el fiscal Ocariz, los detenidos intentaron usar las armas al momento del ingreso de las fuerzas, pero fueron reducidos rápidamente. “Apuntamos a intervenir en zonas donde la venta de droga va de la mano con hechos violentos. Esta es una investigación priorizada, como parte de una política criminal que busca sacar a estos grupos del territorio”, sostuvo Ocariz.
Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina a fines del año pasado. Desde entonces, la Justicia provincial puede investigar y juzgar delitos vinculados a la venta de droga en pequeña escala, algo que antes quedaba exclusivamente en manos de la Justicia Federal. Con esta herramienta legal, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe pusieron en marcha una serie de operativos para desarticular los puntos de venta en los barrios, recuperar espacios tomados por el narcomenudeo y reducir la violencia asociada.
