La jueza Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva por 30 días para siete trabajadores del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), acusados de sustraer insumos médicos y medicamentos del efector municipal. La medida fue solicitada por el fiscal José Luis Caterina, quien encabeza la investigación junto a la Dirección de Asuntos Internos.
Los detenidos fueron identificados como Antonio A., Javier D., Darío F., Oscar L., Roberto R., Nelson S. y Eduardo T. y fueron apresados el pasado 3 de julio durante operativos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Todos se desempeñan o se desempeñaron en áreas operativas del hospital, como el control interno y el patio.
Los cargos incluyen hurto, incumplimiento de deberes de custodia, encubrimiento y en algunos casos, comercialización ilegal de medicamentos. Durante los allanamientos se secuestraron hojas de bisturí, guantes, barbijos y fármacos en grandes cantidades, que coinciden con el stock del área de Farmacia del Heca.
“Parte de lo secuestrado retornará al hospital”, aseguró el fiscal, quien remarcó que ninguno de los imputados pudo justificar la tenencia del material. Además, señaló que existen indicios de que los productos podrían haber sido revendidos de manera informal, y que se investigan publicaciones en redes sociales que ofrecen medicamentos sin autorización.
La investigación se originó tras una denuncia formalizada por la Secretaría de Salud de Rosario. Caterina confirmó que previamente hubo una denuncia administrativa que provocó revuelo interno y limitó el efecto sorpresa en la causa penal. A raíz de eso, algunos de los involucrados ya habían sido suspendidos o cesanteados.
El caso se estructura en dos líneas paralelas de investigación: una iniciada hace diez meses y otra más reciente, con menos evidencia acumulada. “La primera línea está más avanzada, pero la segunda también genera preocupación”, indicó el fiscal, quien justificó la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento.
“Espero que estas prácticas hayan sido interrumpidas y que no vuelvan a ocurrir”, expresó Caterina. Mientras tanto, la fiscalía seguirá recabando pruebas para determinar si existió una red organizada de desvío de insumos y venta ilegal de medicamentos.
