La escena es tan clara como incómoda: un cartel de “clausurado” pegado en la puerta de ingreso, pero puertas adentro la vida del club sigue. Entrenamientos, socios, rutina. En el medio, una historia que empezó con una fiesta y terminó exponiendo un conflicto más profundo entre el Rosario Rowing Club y la Municipalidad.
Todo se desencadenó el 15 de marzo, cuando inspectores municipales llegaron al predio de avenida Colombres tras denuncias por ruidos. Lo que encontraron fue una fiesta de Carnaval sin habilitación: había DJ, venta de alcohol, cobro de entradas y ausencia de seguridad, según consta en el acta oficial. La intervención derivó en la clausura administrativa del club. Pero ese episodio fue apenas el disparador.
Un club sin habilitación y un conflicto de años. Desde el municipio sostienen que el problema central es que la institución nunca obtuvo una habilitación definitiva. Solo contó con permisos provisorios y hoy, para regularizar su situación, debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos, un relevamiento detectó fallas en instalaciones eléctricas en distintos sectores del predio, lo que motivó nuevas exigencias para avanzar con el trámite.
Sin embargo, el punto más sensible no está en lo técnico, sino en lo legal. Parte de las instalaciones del club —como la zona de guardado de embarcaciones, la pileta o el gimnasio— se ubican en terrenos que el municipio considera “fuera de dominio”, vinculados a la discusión sobre la línea de ribera del Paraná. Ese límite, aún no definido de manera definitiva, condiciona cualquier habilitación plena.
La cláusula que traba todo. El nudo del conflicto está en una declaración jurada que el municipio exige firmar para otorgar habilitaciones provisorias. Ese documento establece que el permiso es precario y revocable, y que el club renuncia a cualquier reclamo si en el futuro debe desmantelar construcciones por la definición de la línea de ribera.
En Rowing se resisten. Consideran que aceptar esas condiciones implica asumir riesgos patrimoniales sobre instalaciones históricas y sostienen que cuentan con escrituras y planos que avalan la propiedad de las tierras, incluyendo sectores ganados al río por sedimentación. “Una cosa es la clausura por la fiesta y otra es la habilitación”, repiten desde la dirigencia, donde admiten que el trámite lleva años sin resolverse.
Entre la clausura y la actividad normal
Mientras tanto, el club —con unos 2800 socios activos— sigue funcionando. La faja de clausura está, pero no interrumpe las actividades deportivas ni sociales, lo que evidencia una situación ambigua que incomoda tanto a la institución como al propio municipio. Del lado oficial, remarcan que otros clubes de la costa ya regularizaron su situación. Desde Rowing, en cambio, piden una revisión de la normativa vigente que contemple las particularidades de la ribera y permita salir del esquema provisorio.
Un conflicto que excede a un club. El caso dejó al descubierto una tensión más amplia: cómo regular instituciones históricas asentadas sobre la costa del Paraná en un contexto donde los límites dominiales y ambientales siguen en discusión. La fiesta clandestina fue el detonante. Pero el conflicto, como suele pasar en Rosario, viene de mucho antes.
