La proliferación del uso de aplicaciones de transporte no habilitadas, como Uber y Didi, intensifica la crisis en el sector de taxis en Rosario. “Estamos ante una situación límite”, afirmó el secretario general del sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, en declaraciones a Radiópolis (Radio 2).
Según Yanotti, si bien enero suele ser un mes de baja demanda debido a las vacaciones y la menor actividad laboral, el problema actual trasciende lo estacional. “Las aplicaciones no reguladas ya están instaladas en Rosario y generan una caída drástica en los viajes que tomamos”, señaló.
El impacto es tal que algunos taxistas recurren a estas plataformas ilegales para mantenerse activos. “Es una cuestión de supervivencia; muchos combinan el servicio legal con el ilegal porque no pueden sostenerse de otra forma”, reconoció el dirigente, quien además cuestionó las desigualdades del sistema. “Las aplicaciones ilegales no pagan tributos ni cumplen con las normativas, lo que genera una competencia desleal con el transporte habilitado que sí lo hace”.
Yanotti también criticó a la plataforma MoviTaxi, que habría reducido las tarifas sin consultar a los choferes. “Hace poco el Concejo aprobó una suba del 20% en la tarifa, pero MoviTaxi aplicó un descuento del mismo porcentaje, afectando directamente a los ingresos de los conductores”, expresó. Como respuesta, adelantó que los peones de taxis trabajan en el desarrollo de una nueva aplicación propia llamada Subo, con la que esperan mejorar su competitividad.
En relación con un proyecto presentado por el concejal Carlos Cardozo, que busca adherir a una resolución nacional para legalizar aplicaciones no habilitadas como Uber y Didi, Yanotti fue tajante: “La Municipalidad ya ofreció a estas empresas la posibilidad de formalizarse, pero no mostraron interés. Si no cumplen con las reglas, no deberían operar”.
Finalmente, el gremialista subrayó la necesidad de medidas concretas por parte del municipio: “El transporte legalizado enfrenta altos costos operativos que el sistema informal no tiene. Si queremos preservar el trabajo regulado, es fundamental que se prohíba a las aplicaciones ilegales operar en la ciudad”.
