Con una convocatoria que supera los 5400 inscriptos de todo el país, este jueves se realizará en Rosario la quinta subasta de bienes incautados al delito, una instancia que se consolida como herramienta clave para afectar el poder económico de las organizaciones criminales y reconvertir esos activos en recursos con destino social.
El remate tendrá lugar en el Salón Metropolitano y comenzará a las 16.20, tras el proceso de acreditación de los participantes previsto desde las 14.30. Previamente, entre este miércoles y la mañana del jueves, se lleva adelante la exhibición de los lotes, una etapa central que permite a los interesados inspeccionar en detalle los vehículos —principalmente autos y motos— que serán ofrecidos.
Entre los bienes más llamativos aparece un avión Cessna 402 A, secuestrado en un operativo en Entre Ríos tras una investigación coordinada con el Ministerio Público de la Acusación. La aeronave, con capacidad para seis personas, saldrá a la venta con un precio base de 50 millones de pesos.
Luego de un reclamo, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, indicó que la situación judicial fue resuelta favorablemente para avanzar con la subasta con la aeronave incluida. Según detalló, la Justicia avaló los procedimientos administrativos y descartó irregularidades, en una causa impulsada por personas condenadas que buscaban frenar el proceso.
La magnitud de la convocatoria refleja el interés creciente que despierta este tipo de subastas públicas. Según datos oficiales, se anotaron participantes de todas las provincias, con una fuerte presencia de Buenos Aires y Córdoba, lo que le otorga al proceso un alcance federal. La posibilidad de acceder a bienes a valores competitivos, sumada a un esquema transparente, aparece como uno de los principales atractivos.
Desde el gobierno santafesino destacan que la subasta no solo tiene un objetivo recaudatorio, sino que forma parte de una política integral de seguridad. El eje está puesto en cortar el circuito económico del delito: los bienes decomisados en causas judiciales dejan de estar bajo control de las organizaciones criminales y pasan a ser administrados por el Estado, que luego los liquida mediante estos mecanismos públicos.
- En ese marco, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) cumple un rol central en la etapa final del proceso. Su intervención garantiza la trazabilidad de los activos y la transparencia del remate, desde la exhibición hasta la adjudicación de cada lote.
Uno de los puntos clave del sistema es el destino de los fondos obtenidos. La normativa vigente establece tres líneas de aplicación. En primer lugar, el resarcimiento a víctimas cuando exista vinculación directa con los bienes subastados, bajo supervisión judicial. En segundo término, el propio funcionamiento de la Aprad, que se autofinancia sin recurrir al presupuesto provincial. Y, finalmente, la reinversión en políticas públicas, con aportes a instituciones como centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas.
La experiencia de ediciones anteriores refuerza ese esquema: durante el último año, se destinaron más de 300 millones de pesos a indemnizaciones, mientras que el resto de los recursos se canalizó hacia programas sociales y comunitarios.
