El gobierno nacional recibió siete ofertas para la concesión del corredor vial que incluye el Puente Rosario–Victoria y las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como Ruta del Mercosur. Sin embargo, pese al discurso oficial de que las licitaciones viales no demandarían recursos públicos, el Estado terminará financiando hasta el 70% de las obras a través de un crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La licitación, correspondiente al Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, prevé la operación, mantenimiento y cobro de peaje de más de 740 kilómetros de rutas estratégicas que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. En el caso de Rosario, se trata de la conexión vial con Victoria, uno de los ejes logísticos más importantes del país y del comercio con Brasil.
El proceso había estado al borde de quedar desierto, ya que ninguna constructora estaba dispuesta a invertir capital propio bajo el esquema sin participación estatal. Cinco días antes del cierre del llamado, el BICE —una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía— anunció un auxilio crediticio por 56.000 millones de pesos (o hasta el 70% del total de la inversión), bajo la modalidad UVA +2%, a seis años y con un año de gracia. Ese anuncio reactivó el interés y permitió la presentación de siete ofertas, tres de ellas para la conexión Rosario–Victoria, por parte de las empresas Autovía Construcciones y Servicios SA, Coyserv SA y Obring SA.
La concesión se otorgará por un período de entre 20 y 30 años, en un esquema de administración privada con peaje. El Ejecutivo nacional busca reemplazar a Corredores Viales S.A., empresa estatal que actualmente mantiene y explota parte de la red, por un modelo de participación empresarial.
No obstante, el financiamiento estatal contradice las declaraciones del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, quienes habían prometido que “la obra pública tal como la conocíamos se terminaba”. Tras la apertura de sobres, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la licitación en redes sociales: “Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado”.
La contradicción quedó expuesta cuando el BICE reconoció que los fondos públicos se justificarían “para acompañar inversiones privadas en obras fundamentales que hacen a la infraestructura productiva, comercial y logística del país”. Fuentes oficiales explicaron que se trata de un crédito de fomento y no de una inversión directa, aunque en la práctica representa un rescate estatal a la iniciativa.
La medida ya genera controversias jurídicas y políticas: algunas empresas que no participaron evalúan impugnar la licitación por considerar que el cambio de reglas a último momento alteró las condiciones de competencia.
El corredor Rosario–Victoria, cuya concesión anterior venció en abril, arrastra un fuerte deterioro estructural: baches, hundimientos, señalización deficiente y peajes levantados. Los peajes proyectados rondarían los 4200 pesos cada 100 kilómetros para automóviles, un valor que las empresas ya consideran insuficiente frente a los costos de reparación y mantenimiento.
El resultado de la licitación marca un punto de inflexión en la política de infraestructura del gobierno libertario: lo que iba a ser una privatización “sin un peso del Estado” terminó dependiendo de un financiamiento estatal millonario para no naufragar en su debut.
