Sectores que trabajan con personas con discapacidad desarrollaron este miércoles por la mañana una importante protesta acompañados de sus vehículos en inmediaciones del Parque Independencia para visibilizar el estado de emergencia que transitan «por la falta de respuestas» del gobierno nacional a una problemática que desde principio de año dejó como saldo el cese de actividades total de los transportistas del sector. Asimismo, las instituciones reclaman que se encuentran en una situación de ahogo económico que pone en riesgo fuentes laborales de profesionales y trabajadores.
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), expresó: «Lo veníamos anunciando: a partir del 1° de enero se dejaron de brindar servicios de atención a personas con discapacidad. Esto produjo que las instituciones estén con las puertas abiertas pero literalmente vacías. Hoy los transportistas y todo el campo de la discapacidad estamos reclamando una recomposición arancelaria, que es necesaria».
En esa línea, el dirigente remarcó que en enero pasado el gobierno nacional fijó una actualización de aranceles que se dividió en 20% para ese mes y otro 10% en febrero, cifras que desde el sector consideran profundamente insuficientes, más teniendo en cuenta que muchas veces cobran a 60 o 90 días.
«Eso no alcanza para nada, es una gota de agua en el desierto», cuestionó el representante de Atraes, quien contó que varios de sus colegas optaron en el último tiempo por vender sus unidades para hacerse de los fondos necesarios para seguir subsistiendo.
Por su parte, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), reclamó que sin el transporte y la cobertura de los tratamientos médicos, «las personas con discapacidad no pueden continuar sus estudios, tratamiento y cuidado que son necesarios para su calidad de vida».
“Hay un efecto dominó: las instituciones no vamos a poder afrontar los gastos que son necesarios para poder sostener la calidad que el mismo Estado exige. Si el sistema está desfinanciado. Estamos en un escenario de quiebre», remarcó.
Desde el sector entienden que un 60% de actualización arancelaria total es un número que podría llegar a posibilitar el retorno de los servicios suspendidos desde el 1º de enero pasado, lo que equivale al doble de lo fijado.