Una estructura de desvío millonario de fondos públicos, articulada desde el interior de la Policía de Santa Fe, quedó expuesta esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El juez Gustavo Pérez Urrechu ordenó prisión preventiva por seis meses para 13 agentes policiales y tres civiles vinculados a una estación de servicio, en el marco de una investigación que reveló sobrefacturación, simulación de cargas de combustible y entrega de dinero en efectivo.
La causa se centra en el presunto uso fraudulento de tarjetas destinadas al abastecimiento de móviles policiales entre agosto de 2023 y mayo de 2024. Según la fiscalía, el sistema consistía en cargar combustible a patrulleros fuera de servicio, sin GPS o incluso inmovilizados, y simular consumos diarios que luego se facturaban al Estado provincial. En muchos casos, los registros superaban los litros que los vehículos podían almacenar.
La maniobra tenía su epicentro en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, desde donde también se habrían entregado dádivas en efectivo a los funcionarios implicados. Allí se descubrieron planillas adulteradas, documentación irregular y registros de entregas de dinero, además de un hallazgo llamativo: más de 300 tarjetas “Visa Flota” y un posnet de la estación en la casa de uno de los policías imputados.
El principal acusado es el comisario Gerardo Ramírez, jefe de distribución de combustible de la Unidad Regional II, acompañado por altos mandos de distintas divisiones: Orden Urbano, Secretaría Privada, Caballería, Perros, Logística, Infantería, PDI, Motorizada y Comando Radioeléctrico.
Del lado civil, se imputó a directivos y empleados de la firma Gas Auto Tiferno S.A., operadora de la estación. Tres de ellos quedaron detenidos, mientras que una empleada administrativa fue liberada con restricciones.
El caso se apoya en múltiples pruebas: escuchas telefónicas, documentos secuestrados, fotografías y los propios registros internos de consumo. Una de las evidencias clave surgió con la incorporación de GPS a vehículos fuera de servicio a fines de 2024: demostraron que nunca se movieron del predio policial, pero aparecían en sistema con cargas ficticias por más de $250.000.
