El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, participó este miércoles en el Congreso nacional de la presentación de un nuevo proyecto de ley de financiamiento para las universidades públicas. La iniciativa, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a docentes, investigadores y representantes estudiantiles de todo el país, busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior, con propuestas concretas frente a la crisis presupuestaria.
El proyecto contempla la reapertura de paritarias, la indexación salarial y un incremento real en los gastos de funcionamiento. También incorpora un refuerzo al sistema de becas, la creación de un fondo para carreras estratégicas y un compromiso de aumento progresivo del presupuesto universitario en relación con el PBI.
Según anticiparon desde la oposición, el proyecto será tratado en comisiones el 10 y 11 de junio. Si obtiene dictamen, se debatiría en el recinto el 19, con un escenario favorable para su aprobación. En ese caso, el presidente Javier Milei podría vetarlo, como ya hizo con una iniciativa similar sancionada en septiembre del año pasado.
Una demanda del sistema universitario
“Esta ley resuelve estructuralmente el problema del financiamiento universitario y evita la discrecionalidad, la incertidumbre y la falta de transparencia en la asignación de recursos”, afirmó Bartolacci. El rector de la UNR recordó que la situación se agravó desde que Milei vetó la anterior ley argumentando falta de previsión presupuestaria: “Hoy el sistema atraviesa una situación aún más compleja, en lo salarial, en los fondos de funcionamiento y en el estado del sistema científico”.
Según datos del rectorado, el 80% del personal docente y nodocente está por debajo de la línea de pobreza. Un docente inicial cobra unos 150 mil pesos; un nodocente de jornada completa, alrededor de 650 mil; y un profesor titular con 20 años de antigüedad apenas supera los 300 mil pesos. “Nunca estuvo tan mal como ahora”, resumió Bartolacci.
El sistema científico tampoco escapa al ajuste: programas cortados, proyectos en pausa y dificultades para retener investigadores formados. “El desfinanciamiento es aún mayor y pone en riesgo la continuidad de líneas clave de investigación”, advirtió.
El caso de la UNR
La Universidad Nacional de Rosario es una de las más grandes del país, con decenas de edificios históricos distribuidos en la ciudad, lo que representa mayores costos de mantenimiento e infraestructura. “A esto se suma el proceso de crecimiento que vive la UNR en los últimos años, con más carreras, récord de inscripciones y nuevas escuelas. Sostener ese desarrollo en este contexto es un desafío enorme”, señaló Bartolacci.
El proyecto de ley fue elaborado de forma participativa en el seno del CIN, con aportes de toda la comunidad universitaria. “Es una iniciativa responsable, no compromete fiscalmente al Estado, y establece un piso mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades públicas”, agregó.
Una respuesta desde los estudiantes
La Federación Universitaria Argentina (FUA) también respaldó la presentación y convocó a movilizarse frente al Congreso. “En un contexto de crisis presupuestaria, esta ley es fundamental para defender la educación pública y proyectar un sistema universitario acorde a las necesidades del país”, sostuvo su presidente, Joaquín Carvalho.
Durante la jornada hubo una concentración estudiantil y una transmisión en vivo del debate. “Decidimos transformar la bronca en propuesta. No alcanza con denunciar: hay que disputar el rumbo del sistema universitario”, aseguró Carvalho.
Desde la FUA advirtieron que el proyecto representa una respuesta concreta desde el movimiento estudiantil en defensa de una solución estructural para el sistema universitario público.
