La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, y el legislador socialista Pablo Farías lanzaron fuertes críticas contra la decisión del gobierno nacional de suspender temporalmente las retenciones a las exportaciones agropecuarias, medida que se agotó en menos de 72 horas y terminó favoreciendo exclusivamente a los grandes exportadores.
Los dirigentes calificaron la disposición como “una muestra absoluta de improvisación y falta de previsibilidad” y denunciaron que significó “una timba impositiva con fines electorales”. Según señalaron, mientras la medida se promocionó como un alivio para el sector agropecuario en su conjunto, en la práctica permitió que un puñado de empresas acopiadoras y exportadoras captaran cerca de u$s1.500 millones en beneficios.
“Los pequeños y medianos productores, que ya habían vendido su cosecha y pagado las retenciones, quedaron afuera de la jugada. Fueron perjudicados nuevamente, porque además habían invertido en insumos y maquinaria confiando en reglas estables”, remarcó García. La legisladora advirtió que los grandes acopiadores incluso registraron operaciones de mercados futuros “sin tener granos en mano”, aprovechando la oportunidad de liquidar divisas sin tributar.
Farías, por su parte, sostuvo que lo ocurrido “es muy grave” porque “más del 75 % de los productores comercializó su producción bajo el esquema vigente, creyendo en la palabra del Gobierno de que no habría cambios ni devaluación”. “Se los defraudó. Y además hay sospechas sobre cómo circuló la información, porque parece claro que algunos actores se anticiparon y se llevaron millones de dólares en cuestión de horas”, denunció.
El diputado también planteó la necesidad de encarar una reforma de fondo: “Hace falta una reforma tributaria profunda, que contemple una reducción progresiva de las retenciones en el marco de una política planificada, para darle previsibilidad a toda la economía. No se trata de parches, sino de reglas claras para que nadie quede afuera”.
La medida, establecida por el Decreto 682/2025, había fijado un cupo de u$s7.000 millones para las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Aunque estaba previsto que rigiera hasta el 31 de octubre, la avalancha de registros concentrada en los grandes jugadores del mercado agotó el beneficio en apenas tres días, dejando en evidencia el nivel de concentración y las tensiones internas entre el Gobierno y el sector productivo.
