La última sequía afectó a todo el territorio santafesino y puso sobre la mesa los diferentes inconvenientes que tiene el sector agropecuario para afrontar los efectos producidos por los fenómenos climáticos. En la Cámara de Diputados de Santa Fe se presentó un proyecto de ley que plantea la creación de un sistema de seguros agropecuarios para mitigar los daños producidos por estos factores. “Con esta ley queremos cambiar el paradigma: que los productores puedan acceder a servicios de las aseguradoras privadas, para estar cubiertos ante diferentes riesgos como las sequías, inundaciones e incendios. De esta manera le brindamos previsibilidad a todo nuestro sistema productivo”, destacó el diputado socialista y autor de la iniciativa, Joaquín Blanco.
“Santa Fe, dolorosamente, aprendió la lección. Más del 70% de nuestro territorio se vio afectado, generando un impacto sumamente negativo en toda la cadena agroindustrial. Miles de pequeños y medianos productores fueron golpeados por este flagelo mientras la asistencia por parte del Estado llegó tarde y fue insuficiente”, expresó el legislador. Según datos oficiales del Gobierno Provincial se contabilizan más de 14 mil solicitudes de asistencia económica en el marco de la Emergencia declarada desde el 1° de julio de 2022, y más de 13 mil certificados emitidos.
“El riesgo climático es un factor que los productores agropecuarios conocen bien y por eso ante determinados eventos como el granizo o las heladas, suelen recurrir a la contratación de seguros. Sin embargo, otros múltiples riesgos no son asegurados, ya sea por la escasez de las coberturas ofrecidas o porque no hay demanda de los propios productores por sus costos elevados”, explicó Blanco, y continuó: “A esto se suma la dificultad de que las leyes de emergencia agropecuarias no brindan soluciones suficientes a este problema. Lo que buscamos con esta ley es que se cubran diferentes tipos de cultivos y de producciones agropecuarias y que el Estado, de una manera eficiente e inteligente, pueda acompañar a los productores ya sea a través de incentivos fiscales, o subsidiando una parte de la prima a los sectores más pequeños”.
“Existen políticas de seguros agropecuarios similares en los países que son potencias económicas, en todas las regiones del mundo, y particularmente de Latinoamérica. Tenemos esa deuda a nivel nacional, pero recogiendo las mejores experiencias podemos darnos una eficiente política provincial”, añadió el socialista.
En ese sentido, el proyecto plantea la creación de un Sistema Provincial de Seguros Agropecuarios para la Sustentabilidad Productiva, con el objetivo de brindar protección a las inversiones realizadas por productores agrícolas, pecuarios, forestales y demás cultivos industriales, acuícolas y pesqueros. Establece una política pública que canalizará y promoverá programas que extiendan las coberturas consolidadas comercialmente en el mercado, hacia sistemas productivos primarios no alcanzados y riesgos no amparados en los sistemas que actualmente sí disponen la posibilidad de transferencia parcial.
“Cada vez son más frecuentes los fenómenos climáticos severos que generan grandes pérdidas económicas a los productores agropecuarios y por eso consideramos de suma importancia que la provincia cuente con una política de estado en la gestión de riesgos sistémicos”, expresó Gustavo Mina, miembro de ADIRA (asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina) y Gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros. “Es para destacar que se haya elaborado este tipo de proyecto donde se ve capitalizada toda la experiencia internacional y nacional que todas las aseguradoras tenían para aportar. Destacamos la labor de los legisladores”, añadió.
La ley, además, menciona la necesidad de constituir un organismo técnico donde destaca la participación de las entidades de todos los sectores involucradas (agropecuarias, aseguradoras, universidades, Bolsas de Comercios, INTA, entre otros), para la definición de un plan anual, donde se establezcan cuáles son las zonas geográficas, tipos de producciones o productores que se pretende proteger, además de reunir, compartir y publicar toda la información existente en materia de riesgos, a los fines de realizar el desarrollo de las coberturas que sean necesarias.
“Entendemos que una política de estas características debe tener como horizonte dar respuestas hoy, pero también en el mediano y largo plazo. Este proyecto fue el fruto de un arduo trabajo entre las aseguradoras, representantes del campo y distintos sectores políticos. Es una ley que se adecúa a nuestra realidad, que establece una fuerte vínculo público-privado para dar respuesta ante la adversidad y que pone a Santa Fe en la vanguardia en este tipo de legislación a nivel nacional”, finalizó Blanco.
