El Senado de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Crimen Organizado (N° 27.786), conocida como Ley Antimafia, una norma que apunta a fortalecer la persecución de estructuras delictivas complejas. El proyecto ya había obtenido la media sanción en Diputados.
- La iniciativa, impulsada por la diputada Ximena Sola y ya aprobada en Diputados, recibió el respaldo explícito del gobierno de Maximiliano Pullaro, que la inscribe dentro de una estrategia más amplia para endurecer la respuesta frente al delito organizado en la provincia.
En la previa del tratamiento, desde la Casa Gris destacaron que la adhesión permitirá dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar organizaciones con alta capacidad operativa y financiera. El propio Pullaro había intervenido durante el debate nacional de la ley, donde planteó la necesidad de avanzar en reformas de fondo en materia criminal y sostuvo que “no hay que tener miedo” de impulsar cambios estructurales.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió la iniciativa como parte de una política sostenida contra las mafias y remarcó la necesidad de superar esquemas que —según planteó— resultaron insuficientes frente al crecimiento del delito organizado.
Un cambio de enfoque
La Ley 27.786, promulgada en marzo de 2025, establece un abordaje integral sobre organizaciones criminales y pone el foco no solo en quienes ejecutan los delitos, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas estructuras.
Entre sus principales herramientas, contempla el uso de técnicas especiales de investigación, el agravamiento de penas cuando los delitos se cometen en el marco de organizaciones y la posibilidad de avanzar sobre bienes y activos vinculados a estas redes, con orden judicial.
Con la adhesión, Santa Fe busca incorporar ese marco normativo a nivel provincial y mejorar la articulación entre la Justicia santafesina, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. El objetivo político es dejar atrás respuestas fragmentadas y avanzar hacia una estrategia más coordinada frente a delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la extorsión.
Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de un cambio de paradigma en la política criminal: pasar de un esquema reactivo a uno con mayor capacidad de intervención, inteligencia y coordinación para desarticular organizaciones complejas.
Más temas de la sesión
La jornada legislativa también incluyó el tratamiento de una serie de iniciativas vinculadas a justicia, espacio público y desarrollo territorial, varias de las cuales obtuvieron media sanción. Entre ellas, se avanzó con una modificación del Código Procesal Penal Juvenil que permitirá a los jueces de menores intervenir en causas regidas por el Código Penal, bajo criterios objetivos de distribución de trabajo. Desde el Senado destacaron que el cambio apunta a agilizar el trámite de expedientes y optimizar el funcionamiento del sistema judicial.
En materia de convivencia urbana, se aprobó además un proyecto impulsado por el senador por Rosario, Ciro Seisas, que propone prohibir la actividad de cuidacoches en la vía pública. La iniciativa se apoya en la idea de recuperar el control del espacio público y establecer reglas más claras frente a prácticas informales que generan conflictos. Deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Durante la sesión también hubo espacio para posicionamientos políticos. Legisladores del oficialismo valoraron la creación de un fondo provincial para sostener la educación técnica, al que definieron como una respuesta frente a la reducción del financiamiento nacional en el área.
Por otra parte, se dio ingreso a nuevos proyectos, entre ellos la creación de un sistema interjurisdiccional de residencias médicas y la declaración de la Fiesta del Trabajador Rural como celebración provincial. A su vez, obtuvieron media sanción iniciativas vinculadas a la creación de un juzgado de familia en Rafaela, la regulación del uso de tarjetas de crédito y débito, y normas para el desarrollo de loteos urbanos.
