El proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro desde su discurso de asunción, ingresará esta semana en una etapa decisiva en la Legislatura provincial. El cronograma prevé una audiencia pública, reuniones de la comisión de Acuerdos y la eventual votación de los pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir las vacantes que dejarán los ministros mayores de 75 años.
Los reemplazos alcanzan a Eduardo Spuler, quien ya presentó su renuncia con efecto en septiembre, y a Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que anunciaron verbalmente su decisión de dejar el cargo aunque aún no formalizaron la dimisión. La Asamblea Legislativa en la que podría definirse la aprobación de los pliegos se realizaría el jueves, si antes se alcanzan los consensos necesarios.
Para este miércoles 25 está convocada la audiencia pública en el recinto de la Cámara de Diputados santafesina. La instancia permitirá que ciudadanos, colegios profesionales y organizaciones presenten observaciones, impugnaciones o preguntas sobre los postulantes, en un mecanismo que busca reforzar la transparencia y la legitimidad del proceso de designación.
Los candidatos propuestos por el Ejecutivo son Aldo Mario Alurralde, juez federal con trayectoria en Reconquista; Diego Luis Maciel, actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores; y Jorgelina Mabel Genghini, abogada rosarina y jueza municipal de Faltas. Los tres deberán atravesar el escrutinio legislativo en un contexto de alta sensibilidad institucional.
La renovación del máximo tribunal se inscribe en la reforma constitucional provincial, que fijó un límite etario para los jueces y estableció que la Corte debe estar integrada por siete miembros. En ese marco, 2026 aparece como el año clave para completar el recambio de una estructura judicial con fuerte peso histórico en la vida política santafesina.
En ese marco, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, convocó a la ciudadanía a participar de la audiencia y sostuvo que la legitimidad del tribunal se construye con debate público y control social. “La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos y límites al poder. La participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, afirmó.
Tras la audiencia, la Legislatura quedará en condiciones de avanzar con la votación de los pliegos. El resultado no solo definirá la integración inmediata del tribunal, sino que impactará en el equilibrio institucional de la provincia en una etapa de reconfiguración política y judicial.
