La Convención Reformadora de Santa Fe ingresó este lunes en una etapa clave: la redacción del nuevo texto constitucional. Tras seis semanas de debate en las cinco comisiones temáticas, que ya emitieron sus dictámenes de mayoría, la Comisión Redactora comenzó a trabajar sobre esos documentos y tendrá la responsabilidad de transformarlos en artículos concretos que serán discutidos y votados por el pleno de convencionales.
Durante la primera jornada, los integrantes de la Comisión repasaron hasta el Capítulo VI de la Carta Magna, tomando en cuenta las modificaciones sugeridas en los dictámenes y las observaciones de cada bloque. La reunión continuará este martes a partir de las 10 con la presencia de las comisiones de Funcionamiento del Estado, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que expondrán sus aportes para ajustar la redacción de los textos.
Encabezada por Joaquín Blanco (Unidos para Cambiar Santa Fe) como presidente, Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) como vicepresidente y Patricia Boni (Más para Santa Fe) como secretaria, la Comisión Redactora deberá proponer un articulado ordenado y consensuado, que luego será sometido a la votación del plenario. De este modo, la Convención avanza hacia una etapa decisiva en la que se busca consolidar en un proyecto integral el trabajo de participación, escucha y debate que se llevó adelante en la primera fase.
El cierre de la etapa de comisiones dejó listos los dictámenes de mayoría que introducen reformas profundas en el diseño político, judicial e institucional de la provincia. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación de una sola reelección para todos los cargos ejecutivos y legislativos —incluido el gobernador Maximiliano Pullaro—, la eliminación de la mayoría automática en Diputados y la prohibición de decretos de necesidad y urgencia.
En materia judicial, se propone una Corte Suprema de siete miembros, la creación de un Ministerio Público extrapoder dividido en Fiscalía y Defensa, y un nuevo sistema de selección de magistrados con concursos públicos y un Consejo Asesor de Selección. Además, se refuerzan los mecanismos de control mediante tribunales especiales para juzgar jueces y fiscales.
La autonomía municipal es otro eje central: las ciudades podrán dictar sus propias cartas orgánicas y se institucionalizarán las áreas metropolitanas. También se incorporan reglas fiscales que obligan a acompañar cada nueva competencia con recursos equivalentes, a la espera de una ley de coparticipación.
El capítulo de derechos se amplía con la separación Iglesia–Estado, derechos digitales y ambientales, acceso universal al agua y al saneamiento, tutela de consumidores y usuarios, y el reconocimiento a la memoria y la vida cultural. Se suman nuevos mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular, referéndum vinculante, consulta popular y revocatoria de mandato.
Con estos cambios, la provincia encara la primera reforma constitucional en 62 años. Las próximas semanas serán decisivas: la Comisión Redactora deberá ajustar consensos y ordenar el articulado para presentarlo al pleno, donde se medirá la legitimidad política de un nuevo pacto social santafesino.
