Después de seis semanas de trabajo intenso, la Convención Reformadora de la provincia de Santa Fe cerró la primera etapa del proceso: ya están listos los dictámenes de mayoría de las cinco comisiones temáticas, que pasarán ahora a la Comisión Redactora. Allí se corregirán y ordenarán para conformar el texto definitivo de la nueva Constitución, la primera reforma en 62 años.
El temario aprobado introduce modificaciones profundas en el diseño político, judicial e institucional de la provincia. Entre los cambios más relevantes se destacan:
Reglas políticas y sistema de poder 👥
Se habilita una sola reelección para todos los cargos ejecutivos y legislativos, lo que incluye al actual gobernador Maximiliano Pullaro. La norma se aplicará como si este fuera su primer mandato, mientras que los legisladores podrán aspirar a repetir hasta 2035.
Se elimina la mayoría automática en la Cámara de Diputados: la fuerza ganadora ya no obtendrá la mitad más uno de las bancas, sino que la distribución se hará por sistema D’Hondt puro, lo que obliga a buscar acuerdos en un escenario más fragmentado.
El Ejecutivo perderá la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia y no podrá recibir facultades delegadas, lo que implica un esquema más controlado y con mayor peso del Legislativo. También se amplía el período de sesiones ordinarias.
Reforma judicial ⚖️
El nuevo texto prevé una Corte Suprema de siete miembros, con inamovilidad hasta los 75 años, sin posibilidad de prórroga. Se crea un Ministerio Público extrapoder, dividido en dos órganos independientes: la Fiscalía (persecución penal) y la Defensa (garantía de acceso a justicia). Sus jefes tendrán mandatos de cinco años, renovables por una sola vez.
La selección de jueces, fiscales y defensores seguirá en manos del Ejecutivo con acuerdo legislativo, pero previa a un concurso público y transparente organizado por un Consejo Asesor de Selección que funcionará en la órbita del Ejecutivo.
Para el juzgamiento de magistrados se crean tribunales especiales integrados por legisladores, abogados y un representante judicial, con mayoría política en la composición.
Autonomía municipal 📚
Se consagra la autonomía plena de los municipios, que podrán dictar sus propias cartas orgánicas. En ciudades de más de 10.000 habitantes se convocarán convenciones municipales. Además, se institucionalizan las áreas metropolitanas para la cooperación entre ciudades en temas como transporte, seguridad y ambiente.
Se fija una regla fiscal: cada transferencia de competencias desde la Provincia a los municipios deberá ir acompañada de la correspondiente transferencia de recursos, con una ley de coparticipación pendiente de reglamentar.
Participación ciudadana y control 🗳️
La Constitución incorporará nuevos mecanismos de participación: iniciativa popular, referéndum vinculante, consulta popular no vinculante y revocatoria de mandato. También se establecen audiencias públicas obligatorias antes de aprobar leyes ambientales o de servicios públicos.
Se refuerza la cláusula democrática y republicana, con nulidad de actos de fuerza y la obligación de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
Nuevos derechos y garantías 💻
El capítulo de derechos se actualiza con demandas del siglo XXI:
- Separación Iglesia–Estado y neutralidad religiosa.
- Derechos digitales: acceso universal a internet, protección de datos, ciberseguridad y control humano sobre algoritmos.
- Derechos ambientales: principio precautorio, acceso a información y justicia ambiental.
- Agua como bien colectivo y acceso garantizado al saneamiento.
- Consumidores y usuarios: tutela efectiva y acciones colectivas.
- Cultura y patrimonio: derecho a la memoria y a la vida cultural.
- Trabajo decente: protección sindical, desconexión digital y régimen previsional público-solidario.
Además, se refuerzan las acciones constitucionales (amparo, hábeas corpus, hábeas data) y los derechos de las víctimas.
Nuevo mapa de poder 🗺️
El cierre de esta etapa deja un escenario con más participación ciudadana, una justicia con autonomía relativa, municipios con mayor poder institucional y una ampliación del catálogo de derechos. La gran incógnita será cómo funcionarán en la práctica los contrapesos políticos y la nueva distribución de poder entre Ejecutivo y Legislativo.
Las próximas tres semanas serán decisivas: la Comisión Redactora deberá ordenar el texto, ajustar consensos y preparar el proyecto para la votación final. Será el momento de medir la legitimidad política de una reforma que busca actualizar el pacto social santafesino.
