El Gobierno de Santa Fe avanzó este miércoles con la apertura de sobres para la licitación que permitirá transformar la Quinta de Funes en un Espacio de la Memoria. En total, se presentaron ocho ofertas para ejecutar una obra clave que busca preservar, jerarquizar y resignificar el predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. La intervención apunta a consolidar el lugar como un ámbito de memoria, educación y construcción democrática, sin alterar su valor histórico, pero dotándolo de infraestructura que permita su uso permanente.
Durante el acto de apertura, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, destacó el sentido de la iniciativa. “No es un día más para los derechos humanos. Este tipo de políticas definen cómo entendemos la democracia”, afirmó. En esa línea, subrayó que la recuperación de estos espacios “no responde a caprichos ideológicos, sino que constituye una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía”.
En cuanto a las obras, el proyecto prevé el cerramiento perimetral del predio, la instalación de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en los accesos y la refuncionalización del galpón existente. El objetivo es garantizar condiciones de habitabilidad y funcionamiento continuo, incluso durante el desarrollo de los trabajos.
El secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, explicó que la propuesta fue elaborada de manera conjunta entre distintas áreas del Estado provincial. “Buscamos realzar el espacio y asegurar que pueda ser utilizado de forma sostenida, respetando su valor histórico”, indicó.
La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre 1977 y 1978. En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a políticas de memoria y promoción de derechos humanos.
En el proceso licitatorio se presentaron ocho empresas con propuestas económicas diversas. La oferta más baja fue de Deprop S.R.L., con $426.853.978,72, mientras que la más alta correspondió a Coirini S.A., con $543.676.660,58. El resto de las firmas también presentó cotizaciones dentro de un rango competitivo, lo que ahora dará paso al análisis técnico y económico para la adjudicación de la obra.
