El gobierno santafesino avanza con la recuperación de la Quinta de Funes y licita las obras para convertirla en un Espacio de la Memoria. El próximo miércoles 25 de marzo se realizará en Rosario la apertura de sobres con las ofertas para ejecutar los trabajos de refacción, conservación y puesta en valor del predio, que durante la última dictadura cívico-militar funcionó como centro clandestino de detención.
El acto tendrá lugar desde las 11 en la Sede de Gobierno, con un presupuesto oficial de $461.143.245,26 y un plazo de ejecución estimado en 150 días. La intervención apunta a transformar el sitio en un ámbito destinado a la construcción y transmisión de la memoria colectiva, con propuestas vinculadas a la reflexión, la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Desde la Provincia destacaron que la iniciativa busca recuperar un espacio que permaneció deteriorado durante años y jerarquizarlo como parte de las políticas públicas de memoria. En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, subrayó que la obra permitirá “poner en valor la Quinta de Funes y consolidarla como un lugar de reflexión, producción cultural y construcción democrática”.
El proyecto contempla el cerramiento perimetral del predio, la instalación de iluminación mediante torres internas y la construcción de un nuevo núcleo de servicios que incluirá baños, oficinas y depósito en el sector sur del galpón existente. Además, se prevén trabajos de accesibilidad con solados perimetrales y la ejecución de un piso de hormigón llaneado dentro del edificio principal.
Ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y Diagonal San José, en la localidad de Funes, la Quinta formó parte del circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército. De acuerdo a registros del Archivo Nacional de la Memoria y causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978 funcionó allí un centro clandestino donde permanecieron secuestradas personas perseguidas por su militancia política.
En 2016, el lugar fue señalizado como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N° 13.530, se dispuso su expropiación para destinarlo a la construcción de un espacio orientado a la memoria y la difusión de derechos.
