El gobierno nacional oficializó este martes un decreto que reduce la edad mínima para adquirir, portar y usar armas de fuego en Argentina. A partir de ahora, los jóvenes de 18 años podrán acceder a estos materiales, tres años antes de lo que establecía la legislación vigente hasta el momento.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, junto a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, entró en vigor el mismo día en que el mandatario cumplió su primer año al frente del país.
Requisitos y regulación
El nuevo marco mantiene los requisitos de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429), que exige que los solicitantes no presenten alteraciones psíquicas o físicas que les impidan la tenencia de armas. Además, deberán identificarse y acreditarse ante las autoridades policiales locales, quienes emitirán un certificado que confirme la ausencia de antecedentes penales o policiales.
Aunque la ley actual regula aspectos como la venta, el transporte y el registro de armas, municiones y explosivos, este decreto modifica un punto central que ha dividido a especialistas, organizaciones y políticos.
Voces a favor y en contra
Luis Vicat, licenciado en seguridad y diplomado en psiquiatría forense, considera que la medida responde a una mayor madurez en los jóvenes de 18 años. “El avance tecnológico aceleró la capacidad de raciocinio, equiparando a un joven de 18 con lo que era uno de 21 hace una década”, argumenta. Sin embargo, reconoce que los delincuentes continuarán accediendo a las armas sin importar la edad.
Desde el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto defiende la legalidad de la medida. “Los jóvenes de 18 años son mayores de edad desde hace décadas. Si pueden votar o abortar, también tienen la capacidad de tramitar un arma bajo estrictos requisitos legales”, señala, cuestionando además la incoherencia de las leyes actuales frente a delitos cometidos por menores de edad.
Por otro lado, Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, critica el decreto por eludir el debate parlamentario. “Es una medida que carga la seguridad pública sobre los individuos, ignorando programas de desarme. En lugar de resolver problemas, este cambio puede incrementar conflictos y tragedias, como suicidios o femicidios, vinculados al acceso fácil a las armas”, advierte.
Mientras unos ven la medida como un paso hacia la igualdad de derechos entre adultos, otros alertan sobre los riesgos de ampliar el acceso a armas de fuego en un país donde los mercados ilegales ya abastecen a sectores vulnerables. La polémica continúa, reflejando posiciones encontradas sobre cómo garantizar la seguridad en la Argentina de hoy.
