La jefa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, aceptó el pedido -elevado el viernes pasado- de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, de cese de sus funciones (desde el 1º de septiembre próximo) con el objetivo de tramitar su jubilación.
Iribarren tenía desde marzo pasado recortadas sus funciones, luego de que la Fiscalía de Rosario fuera intervenida parcialmente, por la fiscal general, a partir de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su colega Matías Edery ante presuntas irregularidades en la relación informativa que mantenía con su informante Mariana Ortigala, imputada en una causa vinculada a Los Monos.
- Desde entonces Iribarren no comandaba más la Fiscalía de Rosario, pero continuaba al mando del resto del distrito, como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo.
- Ante la noticia de que iba a seguir corrida del principal territorio de su circunscripción, Iribarren elevó un escrito en el que afirmó “no compartir los lineamientos actuales de la conducción del Ministerio Público de la Acusación de la provincia”.
“El plan de trabajo que propuse para ejercer la dirección de la Regional Segunda Circunscripción del MPA hasta el año 2029 ha quedado vacío de contenido por la gestión actual, no obstante haber sido seleccionada en una terna por el jurado a cargo del concurso respectivo, elegida de esa terna por el gobernador de la provincia y aprobado el pliego enviado por la unanimidad de miembros de la Asamblea Legislativa, lo cual implicó el reconocimiento del rumbo de trabajo que venía ejerciendo desde hacía tres años”, amplió.
Iribarren enfatizó que “la falta de apoyo” de la fiscal general a las decisiones tomadas en su ámbito de competencia quedó evidenciada en la intervención de marzo pasado, cuando su superior designó para el distrito Rosario al fiscal Matías Merlo y la limitó territorialmente sus funciones. “Implicó el apartamiento de las funciones propias del cargo concursado, evidencian una falta de confianza y deslegitimación de la autoridad que ejerzo, que me impide continuar con el cumplimiento de la labor encomendada, fundamentalmente al habérseme comunicado informalmente en el día de la fecha que la intervención iba a ser prorrogada en los próximos días”, concluyó.
Iribarren tiene una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de Santa Fe, con más de 30 años en diversos cargos. Durante diez años fue fiscal de Cámara en el sistema Penal Santafesino inquisitorio, que rigió hasta febrero de 2014 con el cambio al sistema oral. En 2018 se desempeñó en la Fiscalía Regional Rosario como coordinadora, y luego estuvo al frente de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.
En agosto de 2020, Iribarren fue nombrada como fiscal Regional de la Segunda Circunscripción de manera interina, en el marco de una situación de crisis institucional, luego del escándalo de corrupción con el juego clandestino por el que fueron imputados su predecesor, Patricio Serjal, y el también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Finalmente, Iribarren ocupó de manera interina el rol de fiscal Regional de Rosario hasta que en abril de 2023 asumió formalmente en el cargo, con el objetivo de «reorganizar los equipos, transmitir confianza nuevamente y planificar una reorganización estructural» del Ministerio Público de la Acusación. Pero la causa judicial que avanzó contra el fiscal Edery, en la que ella mostró confianza en sus investigaciones, tiñó de sospechas la transparencia en su gestión, que llevaron a la decisión de la fiscal general Vranicich de aplicar una intervención en marzo pasado.
