La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso presentado por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión representa un nuevo respaldo judicial al reclamo impulsado por las universidades nacionales y obliga a sostener la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos destinados al funcionamiento de las casas de estudio mientras continúa la discusión de fondo.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y responde al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas del país. El fallo mantiene vigente la cautelar que el Gobierno había intentado revertir mediante una apelación.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, quien calificó la decisión como “una extraordinaria noticia” para el sistema universitario y para las instituciones democráticas. A través de un video difundido desde la sede del organismo en Buenos Aires, sostuvo que el fallo demuestra la importancia de “ser firmes, responsables y serios” en la defensa de la universidad pública.
No obstante, Bartolacci advirtió que la resolución no pone fin al conflicto. “La convocatoria es a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado aún”, afirmó, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la comunidad universitaria y de distintos sectores de la sociedad durante el proceso judicial. “Hay que seguir trabajando por la universidad que queremos”, concluyó.
La decisión de la Corte se conoció pocos días después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo salarial con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El entendimiento contempla una recomposición del 21,33 % sobre los haberes de junio, incremento que también impactará en el medio aguinaldo de 2026, además del compromiso de convocar a una nueva negociación paritaria en un plazo máximo de tres meses.
Sin embargo, el acuerdo no logró cerrar el conflicto en todas las universidades. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) rechazó la propuesta oficial y consideró que la recomposición resulta insuficiente. Desde el gremio sostuvieron que aceptar ese esquema “debilita la pelea por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario” y remarcaron que el objetivo central sigue siendo garantizar la aplicación efectiva de la norma aprobada por el Congreso.
En ese sentido, la organización sindical aseguró que, mientras la ley no se cumpla plenamente, “no hay motivos para suspender el plan de lucha”. Así, el conflicto universitario continúa abierto, pese al nuevo respaldo judicial obtenido por las universidades nacionales en su disputa con el gobierno nacional.
