El juez penal de Primera Instancia de los Tribunales de Rosario, Nicolás Foppiani, dispuso en la tarde de este miércoles la excarcelación del presidente del directorio del grupo Vicentin, Omar Scarel, detenido el pasado lunes en Avellaneda, al norte de la provincia, luego que la Fiscalía le imputara “desobediencia, en grado consumado de dos órdenes judiciales de 2020″ tras lo cual consideró que el empresario debía continuar detenido “por el riesgo procesal” que representa. Vicentin está en concurso de acreedores por US$1574 millones.
Pese a recuperar su libertad, Scarel quedó imputado y seguirá el proceso en libertad pero avanzará la investigación sobre su presunta desobediencia a la disposición judicial de no innovar. Además, el juez Foppiani resolvió una fianza de 500 mil dólares. Este monto amplía el que en igual concepto tiene todo el directorio, imputado por estafa, que alcanza por 10 millones de dólares. El imputado tiene un plazo de 30 días para hacer efectiva la caución.
Como justificación a su decisión, el juez dijo que le “cuesta creer pensar una maniobra tan burda” como la denunciada ya que el proceso “está a la vista de todos”.
La imputación obedecía a la desobediencia del directivo de la agroexportadora a la disposición judicial de hace dos años que prohibía disponer de las acciones de empresas vinculadas y también vender activos por más de 50 millones de pesos, según expuso en el marco de la audiencia que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal.
Según se reiteró, Scarel, en su condición de presidente del directorio de la firma agroexportadora, fue judicializado por supuestamente violar medidas cautelares que impiden la venta de acciones donde tenga participación la empresa, actualmente en concurso de acreedores.
En el inicio, el fiscal Sebastián Narvaja presentó un contrato de venta del 33% de las acciones del grupo Vicentin a Viterra (ex Glencore Agriculture) firmado en abril de este año por 310 millones de dólares. Según el fiscal, esa operación constituyó una abierta “desobediencia consumada” de la prohibición de venta de activos de Vicentin, que fue firmada por el mismo juez Foppiani el 18 de septiembre de 2020.
Ante esa acusación, Scarel pidió la palabra y aseguró que Vicentin “no vendió” esas acciones, sino que se trató “de un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones” entre las cuales figuraban el levantamiento de las cautelares penales y administrativas. Amplió señalando que la venta de acciones se pensó para mejorar la oferta de pago a acreedores. Y detalló que esa posibilidad fue informada en el concurso y avalada por directores y por sus accionistas en asamblea.
El imputado explicó que “toda la documentación puesta en la propuesta era para dar más información” y que “sólo se activaba si el juez del concurso” (Fabián Lorenzini) la homologaba y si previamente se levantaban las cautelares. De este modo, Scarel aseguró que “no se violaron” las medidas cautelares como indicó la Fiscalía.
Recordó con firmeza que tenía plazo hasta la audiencia del 22 de junio para presentar en el concurso toda la oferta condensada, “que incluía la venta para tener más cash inicial, siempre a referéndum de la homologación concursal y el levantamiento de cautelares”.
Por su parte, el otro fiscal que investiga la causa, Miguel Moreno, no dudó en calificar de “ilusionista” al ex presidente de Vicentin por querer “mostrar cosas que parecen ser otras cosas” y recordó que Scarel fue imputado por falsear los balances de los ejercicios 2017 y 2018 de Vicentin para esconder de acreedores y bancos la real situación de la firma.
A fines de octubre del año pasado, Scarel fue imputado junto a otros 13 ex directivos de Vicentin por una decena de casos de presuntas estafas que ascienden a unos u$s500 millones. En aquél entonces Scarel ya había sido ungido presidente del directorio, pero al momento de las maniobras era el síndico de la empresa.
Fuentes: Diario La Nación, Ámbito y Rosario3.com.
