El ex ministro de Seguridad provincial y ex director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain fue imputado en libertad junto a otros dos ex funcionarios de su cartera por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. El acto tuvo lugar en la Fiscalía santafesina, donde los funcionarios del MPA les achacaron los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial, en el marco de una pesquisa por irregularidades en una licitación para la compra de armas.

El viernes, en tanto, tendrá lugar una audiencia imputativa al ex jefe de la División Logística de la Policía provincial. Jiménez adelantó que se realizará una audiencia de medida cautelar y que en la misma se solicitarán restricciones no privativas de la libertad.

Sain, de 57 años, fue imputado este jueves junto a su ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, de 54 años y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, de 50 años, por su intervención en la licitación de la compra de armas para la Policía de Santa Fe.

Los fiscales Jimenez y Hernández de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 dijeron que los ex funcionarios abusando de su condición realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe. El accionar de los tres investigados “tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”, se desprende de la acusación.

Jimenez señaló que la confección del pliego sólo permitía acceder a las condiciones a una de las empresas que podía ofrecer todas las armas que se requerían. La Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.

Explicaron que el pliego fue observado por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertido el Ministerio de Seguridad, lo que generó modificaciones al pliego donde se estableció que “la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems”.

La Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que solamente esa empresa Emprendimientos Grupo Patagónico S.R.L. estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.

De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente, refirió la fuente fiscal.

La licitación quedó finalmente sin efecto y para la Fiscalía los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.

La fiscalía sostuvo que tiene evidencia para probar que un representante de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL fue quién redactó las condiciones del pliego licitatorio y se lo mandó a unos de los imputados antes del llamado a licitación.

Los funcionarios del MPA contaron que el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares. Por su parte, en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.

Declaró Sain

El ex ministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, declaró en la audiencia imputativa en la que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyeron la coautoría de defraudación al estado en grado de tentativa, por irregularidades en una licitación para la compra de armas para la policía.

La declaración de Sain, a la que tuvo acceso el portal Aire de Santa Fe, no estuvo vinculada al delito atribuido si bien el ex funcionario se limitó a decir que rechazaba la responsabilidad atribuida en los mismos. En cambio, sostuvo que la investigación tramitada por la Unidad de Delitos Complejos del MPA “no se inscribe dentro de un proceso de investigación de delito sino de un proceso político del cual usted fiscal forma parte, de una maquinación política dirigida por su jefe, Carlos Arietti, que no es un fiscal autónomo sino que en el marco de su campaña para ser fiscal general le quiere vender al bloque histórico de poder que ha gobernado esta provincia, este hecho político que usted está protagonizando como garantía de que los va a proteger de cualquier investigación que los comprometa”.

En esta línea, Sain agregó que “esta maquinación política tiene un jefe superior, que hace años se posicionó como jefe de la banda, un hombre del partido justicialista, que es el doctor Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema de Justicia, que como ya han dicho personas en procesos, no sólo tiene descaradas vinculaciones con legisladores el justicialismo y del socialismo, con quien ha cogobernado esta provincia sino que además ha establecido la estrategia de persecución penal contra mi, de la que usted fiscal Hernández, forma parte”, sostuvo. El exministro de seguridad de la gestión de Omar Perotti remarcó que “esta estrategia tiene un solo motivo, y es que tanto como director del Organismo de Investigaciones, como ministro de Seguridad de la provincia, lo que hemos hecho nosotros es lo que deberían hacer ustedes con un poquito de dignidad, porque habitan en esa provincia, que es investigar a los delincuentes que están en las estructuras de poder, que en realidad ustedes protegen”.