El gobierno de Santa Fe se comprometió hacerse cargo del pago de las costas del juicio en el que un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de una maestra. El hecho ocurrió el 15 de febrero de 2018 en el distrito Alto Verde de la capital provincial y el autor cumple condena por el caso, pero recientemente la hermana de la víctima reveló que la familia debía hacerse cargo del pago de más de 450 mil pesos porque el hombre sentenciado es insolvente.
Vanesa Castillo fue asesinada el 15 de febrero de 2018 en la puerta de su trabajo, una escuela del distrito Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Su caso conmovió a todos los santafesinos que apoyaron el pedido de justicia. Finalmente, su asesino, Juan Ramón Cano, fue condenado en el juicio por el femicidio y actualmente purga una condena.
Sin embargo, parece que la paz no llegaría para la familia Castillo, informada recientemente que Cano fue declarado insolvente y que la ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella, independientemente de lo que diga la sentencia.
Vanesa Castillo fue asesinada el 15 de febrero de 2018 en la puerta de su trabajo, una escuela del distrito Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Su asesino, Juan Ramón Cano, fue condenado a perpetua por femicidio.
Silvia Castillo, hermana de Vanesa, contó: “Los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Pero nosotros no tenemos por qué ni cómo pagarlo. Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, y deja solas a las familias de las víctimas”.
- De esta forma, la hermana de Vanesa explicó que la familia debía abonar la suma de 45 JUS, es decir $ 404.425, más aportes que hacen un total de $457.000.
- Pero ahora el gobierno provincial decidió hacer cargo de los costos del juicio y pago de los abogados y liberar a la familia Castillo de esa responsabilidad.
Ornella Grossi, subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por razones de género dependiente del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, explicó que la ministra Florencia Marinaro se reunió con Silvia y le propuso en nombre del gobierno provincial “hacer las gestiones para realizar este pago que lamentablemente la Justicia había dispuesto que se haga cargo la familia”.
De esta forma, el Estado “se hará cargo de arreglar con los abogados para que Silvia no tenga que estar en el medio, porque está a cargo de la hija de Vanesa y tiene otras preocupaciones, y ya es tiempo de que pueda descansar y ocuparse de otras cosas”, dijo la funcionaria.
“Está previsto así en la legislación, pero no nos parece justo que la familia de la víctima tenga que hacerse cargo, pero mientras se pueda cambiar la legislación vamos a hacer hincapié en visibilizar los recursos del Estado para que los familiares de víctimas sepan que hay un patrocinio gratuito”, detalló.
Por último, dijo que ofreció a Silvia Castillo “trabajar codo a codo en mejorar el sistema de acceso a la justicia para que ninguna persona tenga que acceder a un abogado particular si no tiene cómo costearlo”.
