En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado nacional aprobó este miércoles la modificación de la Ley de Glaciares y giró el proyecto a la Cámara de Diputados, donde se definirá su futuro. La iniciativa obtuvo media sanción tras más de cuatro horas de debate y una votación ajustada: 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El resultado dejó expuestas divisiones en casi todos los bloques parlamentarios, con excepción de La Libertad Avanza, que respaldó de manera homogénea el texto impulsado por el oficialismo. La propuesta contó además con el acompañamiento de sectores del radicalismo, del PRO, de fuerzas provinciales y de legisladores peronistas vinculados a provincias con fuerte actividad minera, como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca).
Tras la aprobación en general, el debate continuó artículo por artículo en medio de cuestionamientos de la oposición, que denunció la incorporación de cambios consensuados a puertas cerradas. Según trascendió, algunos senadores advirtieron modificaciones al texto recién durante la sesión, a partir de documentos distribuidos en el recinto.
En el plano de fondo, los cuestionamientos apuntaron al posible efecto cruzado de emprendimientos mineros en una provincia sobre los recursos hídricos de otra, a la discrecionalidad que podrían tener las autoridades locales para definir qué geoformas integran el Inventario Nacional de Glaciares y a la incertidumbre normativa que podría derivarse de la aplicación de criterios distintos según cada jurisdicción.
La jornada legislativa estuvo atravesada también por la protesta de activistas de Greenpeace, quienes irrumpieron en las escalinatas del Congreso en rechazo a la reforma. Doce manifestantes fueron detenidos durante la intervención.
Qué cambia la reforma
El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine el objeto de protección, estableciendo que quedarán alcanzados los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas de agua o como fuentes de recarga de cuencas. Además, incorpora como criterio interpretativo el principio constitucional de uso racional de los recursos naturales, previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La iniciativa fue redactada por el Consejo de Mayo e introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para la actualización del inventario.
El texto también redefine el régimen de prohibiciones, que se aplicará exclusivamente sobre glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por las autoridades locales. Se mantienen las restricciones a la explotación minera e hidrocarburífera, a la instalación industrial y a las obras que alteren de manera significativa la condición natural del glaciar o su función hídrica.
Asimismo, se exige evaluación de impacto ambiental previa para cualquier actividad proyectada en zonas glaciares o periglaciares y se habilitan evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del emprendimiento lo requiera. Solo quedan exceptuadas las actividades científicas no invasivas, de rescate y deportivas no motorizadas.
Finalmente, el proyecto redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares pero dependerá de un flujo permanente de información remitido por las provincias. Desde el Gobierno sostienen que, a 15 años de vigencia de la norma, solo se completó el primer nivel del inventario y que aún resta determinar con precisión la función hídrica efectiva de muchas geoformas relevadas.
La discusión en el recinto dejó en evidencia dos visiones contrapuestas. Quienes respaldaron la iniciativa sostuvieron que el nuevo texto mantiene la protección de las geoformas del ambiente periglaciar que cumplen una función hídrica significativa y reivindicaron la facultad de las provincias para participar en la actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
Desde la vereda opuesta, los sectores críticos alertaron sobre el posible impacto ambiental de la reforma, especialmente en lo relativo a la preservación de las cuencas hídricas y a la integridad de las reservas de agua dulce.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea
El Senado también debatió y convirtió en ley, con 69 votos afirmativos y 3 negativos, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. El entendimiento, firmado el 17 de enero en Asunción, establece la reducción de aranceles para más del 90% de las exportaciones argentinas y una disminución de barreras para productos industriales europeos. El bloque involucrado reúne a más de 700 millones de consumidores y representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.
El tratado, uno de los mayores acuerdos birregionales a nivel global, fue suscripto en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei junto a sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no participó del acto. No obstante, su entrada en vigor aún depende de la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, instancia solicitada por el Parlamento Europeo para evaluar su impacto antes de autorizar su implementación plena.
