A menos de una semana de las elecciones legislativas, el gobierno nacional anunció que enviará en diciembre una “Ley Bases II” y una nueva “Ley Hojarasca” al Congreso. Los proyectos —que buscarán reactivar el paquete de reformas económicas, laborales y fiscales que no prosperaron en la primera versión— fueron presentados este martes por los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Matías Fariña (Transformación del Estado y Función Pública) durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio del debate por el Presupuesto 2026.
Cacace explicó que el Ejecutivo prevé enviar los textos el 15 de diciembre, después del recambio legislativo, cuando Milei espera contar con un Congreso más favorable. “Será el turno de avanzar con los puntos pendientes del Consejo de Mayo, como la reforma laboral, la tributaria y la previsional”, indicó el funcionario, que también enumeró otros ejes: “la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI, una educación moderna y la apertura del comercio internacional”.
La Ley Bases II retomará buena parte de los artículos que quedaron fuera de la iniciativa original sancionada en junio de 2024 —que pasó de 664 a 238 artículos tras meses de negociaciones—, mientras que la Ley Hojarasca II buscará derogar unas 70 normas consideradas “obsoletas”.
Por su parte, Fariña reivindicó la política de ajuste del Ejecutivo y aseguró que “la reducción del Estado ya supera el 20%”, con la eliminación de más de 400 áreas y la desvinculación de unos 54.000 empleados públicos. “Ese ahorro —dijo— es devolverle el dinero a los argentinos”.
El anuncio se produjo en un contexto de tensión política y financiera. Mientras el oficialismo intenta recuperar la iniciativa tras un año de desgaste parlamentario, distintos bloques opositores denunciaron la paradoja de un gobierno que promulga leyes sociales y educativas pero luego suspende su aplicación por falta de fondos. Entre ellas, las de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y Emergencia en Pediatría, aprobadas por el Congreso y vetadas o postergadas por el Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Economía nacional sostienen que las reformas se inscriben en la estrategia de “equilibrio fiscal innegociable” exigida por los organismos internacionales y los aliados de Washington, en momentos en que la administración Milei busca sostener el respaldo político externo de cara a un nuevo acuerdo financiero.
De todos modos, aun en el escenario más favorable, el oficialismo no alcanzaría mayoría propia en ninguna de las cámaras. Su capacidad para avanzar dependerá del resultado electoral del domingo y de los acuerdos que logre con los gobernadores y bloques provinciales, con los que deberá negociar cada proyecto.
