En una conferencia de prensa realizada este lunes en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una profunda reestructuración en el sistema nacional de gestión vial. Entre las medidas principales, se confirmó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La decisión será oficializada mediante un decreto presidencial que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.
Según precisó el vocero, la medida se enmarca en el plan de rediseño del Estado que impulsa el gobierno nacional y coincide con el vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso en el marco de la Ley Bases. Las funciones que desempeñaban estos organismos serán absorbidas por nuevas estructuras y otras fuerzas estatales, ‘con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo de gestión más austero y controlado’.
Una de las principales modificaciones incluye el lanzamiento de un proceso de licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, que serán administradas por el sector privado bajo supervisión estatal. A tal fin, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y asumirá competencias en materia de fiscalización de concesiones viales y supervisión de servicios públicos de transporte.
Asimismo, las tareas de fiscalización de la seguridad vial, hasta ahora a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pasarán a ser responsabilidad de Gendarmería Nacional, en una redistribución de funciones que apunta a centralizar el control operativo en organismos con capacidad de despliegue territorial.
Durante la conferencia, Adorni argumentó que la decisión se vincula con “la necesidad de cerrar estructuras redundantes que han perdido su función o que fueron foco de ineficiencia y desvío de recursos públicos”. En ese contexto, el vocero recordó las investigaciones judiciales en torno a presuntos actos de corrupción en la obra pública durante gobiernos anteriores, y sostuvo que la reforma representa un ‘punto final’ a un modelo de gestión vial que el Ejecutivo considera agotado.
En el marco del anuncio, también estuvo presente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que estas medidas se inscriben en el proceso de transformación institucional que impulsa su cartera desde diciembre de 2023. Según detalló, el cierre y fusión de más de una docena de organismos –entre ellos el INADI y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar– junto con la eliminación de fondos fiduciarios y estructuras paralelas, permitió al Estado nacional reducir en aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales sus compromisos presupuestarios.
“El cierre de Vialidad Nacional marca el final de una etapa y el inicio de un nuevo modelo, basado en la transparencia, la eficiencia y el control riguroso de los recursos”, afirmó Sturzenegger. El ministro también confirmó que este miércoles se realizará un acto en Casa Rosada con los equipos que trabajaron en la implementación de los decretos de reestructuración, como cierre simbólico del período en que estuvieron vigentes las facultades delegadas.
Por su parte, Adorni subrayó que el Ejecutivo no solicitó la prórroga de esas facultades, cumpliendo estrictamente con los plazos previstos por ley. “A diferencia de gobiernos anteriores, esta gestión utilizó las herramientas legislativas excepcionales no para aumentar el gasto o crear nuevos organismos, sino para ordenar y reducir el tamaño del Estado, en línea con los compromisos asumidos con la ciudadanía”, afirmó.
Las nuevas concesiones viales, que abarcan más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, estarán sujetas a pliegos de licitación que serán dados a conocer en las próximas semanas. Según fuentes oficiales, el objetivo es atraer inversión privada para mejorar el estado de la infraestructura vial sin incrementar el gasto público, en un esquema que priorizará la rendición de cuentas, la ejecución efectiva de obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de gestión vial descentralizado, con fuerte participación del sector privado, bajo una supervisión estatal reconfigurada y con mayor capacidad de control. En paralelo, se proyectan futuras reformas en otras áreas del Estado en línea con el programa de desregulación y modernización que encabeza la cartera de Sturzenegger.
