Luego de tres años sin tratamiento parlamentario, la Cámara de Diputados de la Nación retomó el debate por el Presupuesto nacional. El oficialismo, que había postergado su discusión durante dos períodos legislativos, avanzó con el proyecto en la primera sesión del nuevo Congreso, tras consolidar una mayoría relativa luego de las elecciones de octubre. El dictamen final fue difundido 48 horas antes del inicio del debate en el recinto.
Tras casi diez horas de sesión, el Presupuesto 2026 fue aprobado en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Durante la madrugada, el cuerpo legislativo completó el tratamiento en particular mediante once votaciones por capítulos, que abarcaron los 85 artículos de la ley.
Durante el debate, el oficialismo rechazó todas las propuestas de modificación presentadas por la oposición. La única excepción se produjo en el capítulo 11, que incluía la derogación de las leyes de Discapacidad y de Presupuesto Universitario. En ese punto, la oposición logró imponerse por 123 votos contra 117, con dos abstenciones, y mantuvo el financiamiento vigente para ambos sectores.
Las abstenciones, con variaciones según los capítulos, correspondieron en su mayoría al bloque Provincias Unidas, con participación de la diputada santafesina Gisela Scaglia.
Antes de la votación en general y pasada la medianoche, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilita al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la «Jurisdicción 5 del Poder Judicial». Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que elimina el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
El Presupuesto 2026 se basa en el objetivo de equilibrio fiscal y define el esquema de ingresos y gastos del Estado nacional para el próximo año. Durante la discusión, distintos bloques señalaron el impacto del proyecto sobre áreas como el sector público, la producción, las jubilaciones, la educación y el sistema de salud.
En las semanas previas a la sesión, el oficialismo mantuvo negociaciones con gobernadores para reunir los votos necesarios. Como parte de ese proceso, se dispusieron partidas de fondos para algunas provincias, entre ellas Tucumán y Catamarca.
El tramo más controvertido del debate estuvo vinculado a la inclusión, a último momento, de la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de discapacidad, ambas aprobadas previamente por insistencia del Congreso. El bloque Unión por la Patria cuestionó el procedimiento y anticipó que podría recurrir a la Justicia.
La oposición también solicitó que la votación se realizara artículo por artículo, como se ha hecho en tratamientos presupuestarios anteriores. Sin embargo, el oficialismo logró imponer la votación por capítulos tras ganar una votación reglamentaria por 130 votos contra 112.
- En ese marco, el diputado santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) argumentó que una ley de Presupuesto puede derogar normas vigentes y defendió la legalidad del procedimiento adoptado.
- Por su parte, el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) señaló que el Presupuesto asigna a la educación pública el 0,77 por ciento del producto bruto interno, por debajo de porcentajes aplicados en períodos anteriores.
Durante la sesión, distintos legisladores expusieron posiciones contrapuestas sobre el impacto del Presupuesto en las provincias. La diputada Natalia de la Sota (Córdoba) indicó que los recursos transferidos a las jurisdicciones subnacionales registraron una caída significativa durante 2024 y 2025, y mencionó reclamos recibidos desde los sectores de educación y discapacidad.
En el cierre del debate, el diputado Máximo Kirchner planteó cuestionamientos vinculados al financiamiento educativo, la eliminación de beneficios regionales y el destino de los fondos obtenidos mediante endeudamiento.
