Con 140 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque un artículo clave no logró reunir la mayoría necesaria y la iniciativa deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.
El texto, que había sido aprobado en la Cámara alta el pasado 4 de septiembre, fue impulsado por la oposición y establece que los decretos pierden vigencia si una sola de las dos Cámaras los rechaza o si el Congreso no se pronuncia dentro de los 90 días de su oficialización. Este último punto —el plazo de 90 días— fue el que generó mayor controversia y no logró los votos suficientes: obtuvo 127 votos a favor, dos menos de los requeridos por la Constitución.
La sesión estuvo marcada por un clima de alta tensión política y negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales, que resultaron decisivas para dilatar la aprobación definitiva. La iniciativa volverá al Senado, que podrá insistir con su versión original o aceptar los cambios votados en Diputados.
Aunque la oposición logró aprobar el proyecto en general con el acompañamiento de radicales, socialistas, peronistas disidentes y parte de la Coalición Cívica, el oficialismo consiguió su objetivo inmediato: ganar tiempo. La falta de consenso sobre el artículo central evita, por ahora, que se establezca un límite temporal al uso de los DNU.
Entre los legisladores que marcaron la diferencia figuraron diputados cercanos a los gobernadores de Santa Fe, Chubut, Tucumán, Salta, Misiones y Río Negro, quienes se abstuvieron o directamente no participaron de la votación. El Gobierno atribuyó esa estrategia a las gestiones del asesor presidencial Santiago Caputo, clave en las negociaciones con los mandatarios provinciales.
En la votación que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los diputados santafesinos mostraron posiciones divididas. En la votación general, la mayoría acompañó el proyecto impulsado por la oposición: Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Germán Martínez, Magalí Mastaler, Florencia Carignano y Diego Giuliano (Unión por la Patria) votaron a favor. En tanto, los representantes del PRO —Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Alejandro Bongiovanni—, junto a los libertarios Rocío Bonacci, Romina Diez y Nicolás Mayoraz, y Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini (Futuro y Libertad) lo hicieron en contra. Mario Barletta (UCR) y Melina Giorgi (UCR) se abstuvieron.
Sin embargo, al momento de debatir el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre los DNU, el panorama cambió. Ese punto no alcanzó los votos necesarios y fue rechazado con el voto negativo de la santafesina Melina Giorgi (Democracia Para Siempre), las abstenciones de algunos radicales y las ausencias de José Núñez y Gabriel Chumpitaz (PRO y Futuro y Libertad). Así, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, en medio de nuevas negociaciones políticas.
Durante el debate, el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, defendió una postura intermedia: “Queremos mejorar la reglamentación institucional de los DNU, pero que se aplique a partir de 2027”. En tanto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que “hay una oportunidad de más república y menos decretos delegados”. Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz acusó a la oposición de buscar “desestabilizar al Gobierno con un cambio de reglas en tiempo récord”.
Contexto y proyección. La reforma pretende modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, que establece que los DNU tienen fuerza de ley hasta que sean rechazados por ambas Cámaras. Con la nueva versión, bastaría el rechazo de una sola de ellas para anularlos.
Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma si llega a ser aprobada por el Congreso. En ese escenario, la oposición necesitaría 172 votos para revertir el veto presidencial, una cifra hoy lejana.
El tratamiento se dio en una jornada cargada de tensiones políticas. La sesión se cruzó con los coletazos del escándalo por la imputación del diputado José Luis Espert, quien pidió licencia en medio de la investigación por presunto lavado de dinero, y con fuertes denuncias de amenazas entre legisladores.
El resultado deja un tablero abierto: la oposición logró visibilizar su mayoría en la Cámara baja, pero el Gobierno consiguió dilatar el avance de una ley que podría limitar su margen de maniobra institucional. El debate por los DNU promete volver a ocupar el centro de la escena legislativa en las próximas semanas.
