El camino institucional de las leyes aprobadas esta semana en el Congreso —una de recomposición de haberes jubilatorios, otra de moratoria previsional y una tercera que declara la emergencia en discapacidad— parece lejos de haber terminado. A poco de la sanción definitiva en el Senado, el presidente Javier Milei anunció que vetará las normas, y su Gabinete ya trabaja para evitar que ambas cámaras deshagan esa decisión. Si no logra retener el veto, el Ejecutivo anticipa una jugada inusual: recurrir a la Justicia.
En paralelo, el Congreso también dio media sanción a dos proyectos que apuntan al reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Aunque aún deben pasar por Diputados, el Ejecutivo ya los ubica como parte de la misma ofensiva legislativa impulsada por los gobernadores.
Desde el Gobierno sostienen que las leyes aprobadas carecen de sustento financiero y que su implementación pondría en jaque la meta de déficit cero. Por eso, el ministro Guillermo Francos se encargó de ordenar el mensaje y asegurar que, si bien se insiste con el veto, también se explorarán vías de diálogo para convencer a una parte del Congreso que impida la ratificación de las normas. “Con que un tercio de los legisladores vote en contra, el veto se sostiene”, repiten en Casa Rosada.
El antecedente más cercano es de septiembre de 2024, cuando el oficialismo logró sostener el veto presidencial a una ley que proponía un aumento del 8,2% para todas las jubilaciones. Para repetir esa estrategia, Milei necesitará al menos 86 votos en Diputados o 24 en el Senado. La oposición, por su parte, necesita conseguir dos tercios de los presentes en ambas cámaras para rechazar el veto y convertir las leyes en vigentes, aún contra la voluntad del presidente.
En caso de que el Congreso reúna los votos necesarios para insistir con la ley original, el Ejecutivo no tendría otra alternativa dentro del juego institucional. Sin embargo, Milei ya anunció que recurrirá a la Justicia. Una movida que genera controversia: varios constitucionalistas advirtieron que no hay base legal para que el Poder Judicial anule una decisión legítima del Congreso.
La sesión del jueves que dio lugar a estas sanciones también fue objeto de polémica. La oposición autoconvocó al Senado sin el aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que el oficialismo calificó como un “intento de golpe institucional”. La conducción inicial del debate recayó en la senadora Silvia Sapag, del Frente de Todos, hasta que Villarruel retomó su lugar más tarde, antes de retirarse nuevamente.
El Gobierno considera que la autoconvocatoria, así como la forma en que se conformaron las comisiones, podrían ser elementos cuestionables para un eventual planteo judicial. Francos reconoció que estudian esas posibles irregularidades, aunque aclaró que “no harán nada que no corresponda”.
Mientras tanto, las tensiones con los gobernadores, que jugaron un rol clave en la aprobación de las leyes de reparto fiscal, siguen abiertas. Milei acusó a varios de ellos de querer “destruir al gobierno nacional”, pero Francos bajó el tono: “No todo está roto. Con muchos seguimos conversando. Incluso, con algunos podríamos tener acuerdos electorales”.
En este contexto, el Gobierno se enfrenta a un doble desafío: contener el avance legislativo que cuestiona su plan económico y, al mismo tiempo, evitar un mayor desgaste en su relación con las provincias. El veto, por ahora, es la herramienta clave.
Cortocircuito Milei-Villarruel. La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo tras la sanción de las leyes previsionales, de discapacidad y de fondos coparticipables en el Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel no sólo habilitó el debate, sino que defendió públicamente su aprobación y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el uso de recursos públicos.
El jefe de Estado no tardó en responder: la acusó de “traidora” en un acto público, y desde su entorno, la ministra Patricia Bullrich también la cruzó. Lejos de retroceder, Villarruel utilizó sus redes para reivindicar su decisión institucional, advertir que no convalida “mentiras ni privilegios” y apuntar directamente contra Milei: “Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.
La vicepresidenta denunció destrato, marcó distancia con el círculo presidencial y dijo que hace tiempo no dialoga con el mandatario. También disparó contra Karina Milei y Lilia Lemoine, ironizando sobre su influencia en el gobierno. En un mensaje final, sugirió que conoce información sensible y lanzó una advertencia: “Si fuera desleal, hace rato estaría haciendo merengue con lo que veo”.
El conflicto interno escala en un contexto de alta tensión institucional, mientras el Gobierno insiste en vetar las leyes aprobadas y busca impedir que el Congreso lo desautorice.
