La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que permite al gobierno nacional tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con 129 votos a favor, el oficialismo logró validar el decreto que elude la “ley Guzmán” y le otorga respaldo a la negociación en curso con el organismo internacional.
Los diputados de Santa Fe votaron mayormente alineados con sus bloques. Los diez legisladores santafesinos de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO acompañaron la aprobación del decreto, a los que se sumó un voto inesperado: el de Melina Giorgi, diputada de Democracia para Siempre, el espacio de radicales cercanos a Martín Lousteau. Giorgi fue una de las tres integrantes de su bloque que no rechazó la medida.
El rechazo al DNU provino de los cinco peronistas santafesinos —Germán Martínez, Eduardo Toniolli, Florencia Carignano, Diego Giuliano y Magalí Mastaler— y de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.
Por otro lado, Roberto Mirabella, ex diputado peronista ahora en el monobloque “Defendamos Santa Fe” y con diálogo con el gobernador Maximiliano Pullaro, fue uno de los 13 legisladores ausentes.
Con la aprobación del DNU, el gobierno nacional avanza en la toma de nueva deuda bajo el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, destinado a cancelar letras intransferibles en poder del Banco Central y cubrir compromisos del acuerdo de 2022.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su equipo de gobierno, autoriza la toma de crédito público con un plazo de amortización de diez años y establece que los fondos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a cubrir vencimientos con el organismo internacional.
Como sucedió en otras votaciones favorables, el presidente felicitó a los 129 legisladores “pertenecientes a la gran mayoría de los bloques políticos, quienes comprendieron el mandato de las urnas y dieron un mensaje a nuestros acreedores que demuestra madurez y grandeza: a lucha contra la inflación es una política de Estado en nuestro país”. Si bien no los calificó como “héroes”, como lo había hecho con los 87 legisladores que habían sostenido el veto a la ley jubilatoria, tuvo palabras de elogio con los que acompañaron la estrategia en el Congreso.
La ratificación del DNU en Diputados generó un fuerte debate político. Desde la oposición señalaron que el decreto no brinda información suficiente sobre los términos del acuerdo y cuestionaron que la Constitución establece que la gestión de la deuda externa debe ser facultad del Congreso.
