Con el impulso de la oposición, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes la conformación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en redes sociales que escaló rápidamente en valor para luego desplomarse, dejando tras de sí acusaciones de estafa y especulación financiera.
La iniciativa fue acompañada por bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, y se complementó con la aprobación de interpelaciones dirigidas al jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Todos ellos deberán presentarse el 22 de abril a las 14 ante la Cámara baja.
Por falta de consenso entre las bancadas, Javier Milei y su hermana Karina Milei quedaron fuera de las citaciones. No obstante, el oficialismo recibió una señal de advertencia: el Congreso avanza en la investigación de un tema sensible que involucra directamente al presidente.
Cruces políticos y alineamientos clave
La sesión especial fue convocada por una amplia coalición de espacios opositores, pero el quórum estuvo en duda hasta último momento. El primer indicio de debilidad para el oficialismo llegó cuando se sentaron en sus bancas los cuatro diputados de Encuentro Federal vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora. Aunque votaron en contra de la creación de la comisión, habilitaron la sesión.
Luego se sumaron legisladores que habían generado incertidumbre, como Jorge Ávila, alineado con el gobernador chubutense Ignacio Torres, y los cuatro diputados de Catamarca del bloque Unión por la Patria, que habían estado ausentes en la votación del acuerdo con el FMI. Esta vez, se integraron a la estrategia opositora. Finalmente, los radicales Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta completaron los 129 votos necesarios para habilitar el debate.
Debates encendidos y posturas contrapuestas
Desde el oficialismo, el primer libertario en hablar fue el santafesino Nicolás Mayoraz, quien tildó la propuesta como un “circo”. “Se parte de una condena anticipada. La Justicia ni siquiera formuló imputaciones, y acá se habla de estafa”, sostuvo. Parte del radicalismo también rechazó la conformación de la comisión, aunque apoyó la citación de Francos. La diputada Karina Banfi afirmó: “No es momento de impulsar esta investigación mientras la Justicia avanza en el caso. Lo importante es escuchar primero al Jefe de Gabinete”.
Desde el peronismo, el tono fue mucho más duro. Martín Soria ironizó sobre el cambio de actitud de los libertarios: “Los que pedían auditorías para las universidades y los medicamentos de los abuelos ahora no quieren que el Congreso investigue una posible estafa promovida desde la Presidencia. El que no se deja auditar es chorro. ¿Les suena?”.
El texto aprobado contempla dos fechas clave: el 15 de abril la Presidencia de la Cámara deberá informar cómo quedó integrada la comisión investigadora, y el 23 de abril se celebrará su primera reunión.
Obra pública paralizada y régimen jubilatorio en agenda
En la misma sesión, la oposición logró avanzar con otras dos iniciativas sensibles. Por un lado, se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública en todo el país, con el objetivo de conocer el detalle de los proyectos suspendidos desde diciembre de 2023. El pedido fue impulsado desde la comisión de Obra Pública, presidida por Bernardo Herrera (UP).
Por otro lado, con 125 votos afirmativos, 77 en contra y 9 abstenciones, se aprobó un emplazamiento para obligar a las comisiones de Previsión Social y Presupuesto a tratar el miércoles 9 de abril una veintena de proyectos relacionados con el sistema jubilatorio. Las propuestas incluyen la restauración de la moratoria previsional, el pago de bonos extraordinarios, aumentos de emergencia y reformas al régimen para incorporar criterios proporcionales según los años de aporte.
- El plenario deberá emitir dictamen el 6 de mayo. Aunque la oposición ya intentó avanzar en esta agenda el año pasado, el Gobierno vetó una ley similar en septiembre, argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal.
Desde el oficialismo anticiparon que mantendrán esa postura y que vetarán nuevamente cualquier iniciativa que no respete su programa económico.
El Congreso envió una señal política clara: la oposición está dispuesta a profundizar la investigación sobre la promoción de la criptomoneda $Libra y a avanzar con temas que afectan a millones de argentinos, como la obra pública y las jubilaciones. Si bien el oficialismo aún conserva capacidad de veto, el creciente malestar social y la presión parlamentaria podrían obligarlo a rendir cuentas.
