El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el gobierno nacional apelará la resolución de la Justicia que le ordenó distribuir de inmediato 5 millones de kilos de alimentos guardados y adelantó “más despidos en el Estado” en breve.
El portavoz dijo que respetan al Poder Judicial pero no coinciden con el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco mil toneladas de comida no repartidas. El magistrado pidió la “ejecución de modo inmediato” de la ayuda social que aún no fue entregada pese a las necesidades y dispuso un operativo en los depósitos para tener un detalle de todo lo almacenado.
En la conferencia de prensa de esta mañana, Adorni respondió: “Obviamente que vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”.
El vocero aseguró que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.
El funcionario aclaró que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3,1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y siguió: “No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.
Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos por la falta de alimentos se dan porque “a algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.
Despidos y ajuste
Adorni aseguró que el aumento del desempleo en estos meses no cambiará el rumbo del gobierno y adelantó: “Más despidos en el Estado va a haber con seguridad”. “Dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto y que se le iba a dar curso el 30 de junio”, agregó sobre la revisión de contratados y empleado públicos.
El vocero definió esa política de ajuste “casi como un proceso permanente y eterno de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agrega y si la dotación es la correcta”.
El achique de la inversión (o gastos) del Estado redundará, según el gobierno libertario, en una reducción de los tributos: “El Impuesto País es el primer impuesto que se va a eliminar porque está de la mano con el levantamiento del cepo. Todos sabemos que es una de las prioridades de este gobierno”.
“El último paso que tenemos por dar es el de la reforma integral del sistema tributario, que se va a dar en el final del camino, pero en el medio vamos a ir eliminando o corrigiendo cuestiones que son distorsivas y que no le hacen bien a la economía argentina”, agregó.
