En una marcha que promete ser histórica, el peronismo prepara para este miércoles una demostración de fuerza política entre el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, en Constitución, y los tribunales federales de Comodoro Py. Bajo la consigna “Argentina con Cristina”, dirigentes, militantes y organizaciones sociales intentarán marcarle un límite simbólico al poder judicial, empresarial y político, mientras la ex presidenta aguarda la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 sobre su pedido de prisión domiciliaria.
El dispositivo político y logístico se encuentra en plena organización desde la sede nacional del Partido Justicialista, donde se busca garantizar una movilización masiva y ordenada. Colectivos, alimentos y baños químicos forman parte del operativo dispuesto para los participantes.
- El gobierno nacional, por su parte, busca evitar una postal que recorra el mundo: una ex presidenta rodeada de multitudes frente a los tribunales. Por ello, se evalúa permitir que Fernández de Kirchner sea notificada de su condena por vía remota, a través de una audiencia virtual.
La resolución está en manos del juez Jorge Gorini, presidente del TOF N°2, quien podría notificar este martes por la tarde a la exmandataria sobre el cumplimiento de la condena por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema la semana pasada. El magistrado analiza el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que alega cuestiones de edad (72 años) y seguridad personal, tras el intento de magnicidio de 2022.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron este martes en contra del beneficio, asegurando que la defensa no ha demostrado razones de salud que lo justifiquen. En su dictamen de diez páginas, afirmaron que la edad no es suficiente para conceder la medida, y que existen establecimientos penitenciarios con condiciones de seguridad adecuadas.
La movilización hacia Comodoro Py comenzará a las 10 de la mañana desde San José y San Juan. Desde el entorno de Cristina Kirchner, se asegura que la marcha será pacífica, pero contundente. “La acompañamos a hacer el trámite y volvemos con ella a su casa”, afirmó Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.
La vicepresidencia formal del PJ, ahora a cargo del senador José Mayans, organiza la resistencia política y busca proyectar la movilización más allá del caso judicial. “Esto no es solo por Cristina. Es contra el ajuste, contra el intento de desaparición del Estado y la entrega al capital privado”, expresó Mayans, que convocó a todos los sectores sociales: jubilados, docentes, trabajadores de la salud.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra dividida respecto al alcance de su adhesión. A las 15 horas se definirá en la sede de la calle Matheu si la central convoca a un paro general, establece medidas parciales o se limita a apoyar simbólicamente la movilización.
Los sectores más combativos, encabezados por Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Mario “Paco” Manrique (SMATA), exigen la suspensión de actividades. “Tiene que sentirse en la calle”, advirtió Manrique. Sin embargo, desde el entorno de Hugo Moyano y otros sectores más moderados, la consigna es evitar una alineación automática con el kirchnerismo. “No somos una sucursal partidaria”, sentenció el dirigente cegetista Octavio Argüello.
En la Casa Rosada reina la preocupación. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue directo: “Lo lógico sería que Cristina sea notificada en su domicilio. Hay que evitar convulsiones sociales”. El Gobierno teme que la movilización derive en una tensión de alto impacto político y mediático, con cortes de calles, presencia de fuerzas federales y un clima de polarización que complique aún más la ya delicada situación económica y social.
La ex presidenta permanece en su domicilio, desde donde saludó en las últimas horas a los militantes que montaron una vigilia permanente. Entre cánticos de “vamos a volver” y mensajes de apoyo, se alista para enfrentar una nueva etapa de su largo derrotero judicial. Este miércoles 18 de junio podría marcar un punto de inflexión no solo para su figura, sino para el reordenamiento del mapa político argentino.
La causa Vialidad investiga irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el TOF N°2 condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025.
