El barrio Parque Casas volvió a ser escenario de un operativo en el marco de la Ley de Microtráfico: se inactivó el búnker número 51, ubicado en Anchoris 1663, lo que eleva a 79 los puntos clausurados en toda la provincia de Santa Fe desde la implementación de esta herramienta legal. La medida, encabezada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), contó con la detención de seis personas, de las cuales varias ya registraban antecedentes por venta de estupefacientes.
El procedimiento se enmarca en una investigación judicial iniciada meses atrás, que ya había derivado en dos intervenciones previas en el mismo pasillo de zona norte. Según la Fiscalía, la zona presentaba actividad reiterada vinculada al narcomenudeo y acumulaba denuncias de vecinos. De los cinco departamentos relevados, tres fueron inactivados por orden judicial, mientras que los restantes quedaron bajo evaluación para evitar posibles afectaciones a derechos de terceros propietarios.
La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó el avance del plan provincial. “Desde el inicio de la gestión existe una decisión política firme de reducir la violencia urbana y desarticular las redes barriales del narcotráfico”, expresó durante la supervisión del operativo, y remarcó que el modelo santafesino “marca un camino que debería replicarse en todo el país”.
La Ley de Microtráfico permite a la Justicia provincial intervenir en causas de narcomenudeo y disponer la inactivación o demolición de inmuebles utilizados para la venta minorista de drogas. Desde su puesta en marcha en 2024, se ejecutaron 51 procedimientos en Rosario, 12 en el departamento La Capital y otros 16 en distintas localidades del interior, en un trabajo articulado entre el Ejecutivo, el MPA, la Policía de Santa Fe y los gobiernos locales.
El objetivo de esta política pública es reducir los niveles de violencia asociados al microtráfico y recuperar espacios tomados por organizaciones criminales. En Rosario, donde se concentra la mayor cantidad de intervenciones, las autoridades buscan consolidar un sistema de respuesta judicial ágil que evite la regeneración de los puntos de venta y contribuya a la pacificación territorial.
