Una mujer de 38 años y su hijo de 19 quedaron detenidos en las últimas horas por las amenazas a fiscales realizadas con un llamado anónimo a la central de emergencias 911. El lunes a las 21, una persona llamó a esa línea de denuncias y encendió la alerta máxima en las autoridades del Ministerio de Seguridad y el MPA. “Suelten a los Cantero, que vamos a matar a todos los fiscales. Suelten a Los Monos. Si no, vamos a matar a todos los fiscales”, fue el mensaje que quedó registrado en la central de emergencias.
Este martes a la noche, con un procedimiento a cargo del fiscal Franco Carbone y luego de una serie de tareas de inteligencia, se produjo la detención de la madre y su hijo en una casa de bulevar Seguí, en la zona sur de Rosario.
Según fuentes policiales, el dispositivo móvil incautado a la mujer habría sido el utilizado para amenazar a los fiscales y se investiga si el hijo fue el autor de la llamada. En tanto, otro hijo de la arrestada fue allanado pero no quedó detenido.
La audiencia imputativa a los dos detenidos se hará este viernes en horario a confirmar.
La llamada generó inquietud y preocupación entre funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación. De hecho, jueces expresaron su solidaridad “con quienes están llevando adelante la imputación” en el juicio a Los Monos. “La intimidación proferida constituye un hecho de suma gravedad institucional, en tanto pretende interferir y comprometer el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, y, en general, el correcto desenvolvimiento de las instituciones”, advirtieron.
“Lo venimos reclamando. BASTA de que el delito se maneje desde la cárcel. BASTA de tolerarle amenazas a los narcos. Rosario merece paz”, fue el mensaje del intendente Pablo Javkin luego de conocerse nuevas amenazas en torno al juicio contra Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos, preso en el penal de Marcos Paz.
De esa manera, se dispuso redoblar las custodias desde el Ministerio de Seguridad provincial con la Policía santafesina a los jueces y fiscales que son parte del proceso. Ya contaban con protección oficial, pero se sumaron más efectivos. El Centro de Justicia Penal donde ocurre el proceso ya es vigilado por fuerzas federales.